Michelle Maffei: "El 40% de la economía de Ecuador proviene del dinero sucio"

La economía ilícita tendría un peso mucho mayor del que reflejan las estimaciones tradicionales sobre el lavado de activos en Ecuador. Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado y lavado de activos, sostiene que estos recursos podrían representar cerca del 40 % del producto interno bruto (PIB) del país.

La especialista aclara que el porcentaje no procede de un informe público elaborado específicamente sobre Ecuador. Su cálculo parte de una estimación regional atribuida a John Cassara, exagente de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según Maffei, Cassara ha situado el lavado de activos en los países de América Latina y el Caribe en un rango de entre el 30 % y el 40 % de sus economías. La experta ubica a Ecuador en el extremo superior debido al avance del crimen organizado, la circulación de dinero ilícito y las debilidades institucionales para detectar y recuperar esos recursos.

“Cuando hablamos de la situación del Ecuador, que hace dos años todavía no llegábamos al punto más violento de esta escalada de influencia del crimen organizado, estábamos hablando de que el Ecuador, con facilidad, tendría un estimado más cercano al 40 %”, señaló.

El 40 % es una estimación y no un dato oficial de FinCEN

Maffei enfatizó que los reportes de inteligencia de FinCEN no son de acceso público. Por esa razón, el porcentaje mencionado no puede presentarse como una medición oficial de esa institución estadounidense ni como el resultado de un estudio estadístico divulgado sobre Ecuador.

“El reporte de FinCEN nunca lo van a obtener, porque es inteligencia reservada”, manifestó la especialista. Después explicó que su estimación se apoya en la experiencia y los análisis de Cassara sobre los flujos financieros ilícitos en la región.

"Todos los países es un estimado entre el 30 al 40%, no es regionalmente, sino que el común denominador en América Latina y el Caribe es que normalmente el lavado de activos representa entre el 30 al 40%.”

La especialista cuestionó también las estimaciones de modelos cuantitativos como el Water Gravity Model o antiguos informes de la OEA, que ubican el lavado de activos entre el 3% y el 4% del PIB. A su criterio, esas cifras resultan insuficientes para reflejar la verdadera dimensión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la falsificación de medicinas o productos.

En el caso ecuatoriano, dada la agudización de la crisis de seguridad y la permeabilidad institucional, la experta enfatiza que el indicador se sitúa holgadamente en el techo del 40%.

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Bancos, bienes raíces y turismo entre los sectores expuestos

El dinero procedente de actividades ilícitas no permanece necesariamente en efectivo. Para ingresar a la economía formal puede circular mediante instituciones financieras, cooperativas, propiedades, proyectos de infraestructura, vehículos de alta gama, negocios turísticos y empresas legalmente constituidas.

“El crimen organizado, aparte de diversificar su agenda criminal, necesita tener múltiples esquemas de lavado”, afirmó Maffei. La especialista explicó que, cuando las autoridades detectan un mecanismo, las organizaciones delictivas pueden sustituirlo o recurrir a otros métodos que ya estaban funcionando.

Entre los sectores más expuestos mencionó a la banca, bienes raíces, infraestructura, turismo y comercio de vehículos de alta gama. También advirtió sobre la utilización de restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa, compañías pesqueras y otros establecimientos para justificar ingresos mediante facturación falsa.

Una parte del dinero permanecería en Ecuador mediante inversiones inmobiliarias o negocios locales, mientras otra saldría hacia jurisdicciones extranjeras. “Mucho se queda aquí en el Ecuador y es notorio en lo que son bienes raíces”, indicó Maffei.

¿Qué hacen los bancos frente a las operaciones inusuales?

Las instituciones financieras están obligadas a aplicar procesos de conocimiento del cliente y reportar operaciones inusuales o sospechosas. No obstante, Maffei considera que entregar esos documentos constituye únicamente la primera fase del control.

“Sí, ellos generan ese reporte por cuestiones legales y también por una cuestión de imagen bancaria”, explicó. Para la experta, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) debe contrastar los datos y realizar controles que permitan establecer si la información enviada por bancos y cooperativas es completa y confiable.

“No es una cuestión de cumplir con la legalidad de emitir el reporte y que la unidad de análisis financiero absorba esa información. Ese es el paso número uno. La pregunta es cómo puedes comprobar que esa información es fidedigna”, expresó.

Maffei también señaló que existirían vacíos en las políticas de conocimiento del cliente y una falta de personal con experiencia suficiente en la identificación de esquemas complejos de lavado.

“Yo creo que hay muchísimos vacíos. Inclusive, los bancos privados y públicos no tienen a personas especializadas en lavado de activos”, sostuvo.

Falta de controles y fragilidad institucional: El rol de la UAFE y el sistema judicial

La proliferación del blanqueo de capitales responde, según la analista, a un debilitamiento sostenido de la arquitectura estatal desde los años 2017 y 2018. Maffei cuestionó severamente la efectividad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), catalogándolas como entidades ineficientes frente a la magnitud del reto. 

Maffei relata que al consultar con expertos internacionales sobre qué hacer ante una unidad antilavado inoperante, la recomendación fue radical:

“La respuesta de John Cassara fue no hagas absolutamente nada, al revés, deberías cerrar esa unidad de análisis financiero porque está ahí ¿para qué? Para gastar dinero del Estado. No tendría sentido alguno”.

A este diagnóstico se suma la impunidad estructural que impera en los tribunales del país al momento de juzgar las fortunas ilícitas:

“El sistema de justicia (...) tiene una impunidad del 95% del patrimonio ilícito. ¿Qué significa? Que si yo lavo activos, tengo un 95% de chance que nunca me vaya a prisión ni que nada suceda”

La experta contrasta esta realidad con la dinámica de cumplimiento en economías desarrolladas, donde los grandes bancos comerciales reciben auditorías y sanciones multimillonarias por fallas en las políticas de 'conozca a su cliente' (Know Your Customer), mientras que en Ecuador la fiscalización hacia el sector bancario y financiero continúa siendo sumamente endeble.

El riesgo de retirar el dinero ilícito sin reemplazarlo

La eventual reducción de esos flujos también supondría un desafío económico. Si una parte considerable de la actividad productiva depende del dinero ilegal, el cierre de empresas de fachada, la pérdida de consumo y la disminución de inversiones podrían afectar al empleo y a sectores como la construcción, el comercio y los bienes raíces.

Maffei advierte que decomisar activos sin una estrategia de sustitución podría generar un impacto en la economía formal. “Si empiezas a decomisar el patrimonio sin reinversión social, se te viene abajo el dólar. La economía colapsa”, manifestó.

Su planteamiento consiste en recuperar propiedades, vehículos y recursos del crimen organizado, venderlos mediante procesos transparentes y destinar el dinero obtenido a servicios públicos.

“Debes tener ciertos beneficios sociales, como transporte público, educación de calidad, salud y reinversión directamente a la gente, para que no se sienta tanto el golpe”, indicó.

Como referencia citó el modelo italiano de reutilización social de bienes decomisados. Según explicó, este sistema permite que los recursos recuperados sean destinados a proyectos comunitarios y programas para la niñez, en lugar de permanecer abandonados o deteriorarse bajo administración estatal.

Seguridad jurídica para atraer inversión extranjera

Además de la inversión pública y la reutilización de activos, Maffei considera que Ecuador necesita atraer capital extranjero capaz de sustituir gradualmente los recursos procedentes de actividades ilícitas.

El principal obstáculo, a su criterio, es la falta de seguridad jurídica y la percepción de corrupción en el sistema institucional. “Es por eso que no vienen aquí empresas privadas. Es la inseguridad jurídica”, afirmó.

La experta sostuvo que los inversionistas priorizan la estabilidad de las reglas, el funcionamiento de la justicia y la posibilidad de resolver conflictos sin pagos irregulares. “Lo que les interesa es que haya un tipo de estabilidad jurídica y que la corrupción no sea tan notoria como es en el Ecuador”, añadió.

Entre sus propuestas inmediatas se encuentran reformar la UAFE, fortalecer la coordinación entre la inteligencia financiera y las demás instituciones del Estado, mejorar la administración de los bienes decomisados y reducir la impunidad en los procesos judiciales relacionados con patrimonios ilícitos.

Para Maffei, perseguir únicamente a los integrantes de las organizaciones criminales no es suficiente. La estrategia debe concentrarse en retirarles los recursos económicos y devolverlos a la sociedad: “A los criminales lo que les duele no es que los maten, sino que les quiten el billete”.