Falsos policías y controles: así enfrentan la inseguridad las urbanizaciones de La Aurora

El domingo 16 de agosto, sujetos vestidos como policías y militares ingresaron a la fuerza a una urbanización ubicada en La Aurora. Al día siguiente, agentes, personal de las Fuerzas Armadas y uniformados de tránsito realizaron un operativo de control en las vías aledañas.

Eso pasa dentro y fuera de los conjuntos residenciales en aquella parroquia de Daule: acciones criminales que preocupan y operaciones que calman la inseguridad de momento.

La irrupción de los presuntos uniformados se produjo en la madrugada, a las 02:30, en la etapa Turquesa de la urbanización La Joya. Se movilizaban en dos camionetas y estaban armados.

Fingieron un allanamiento

A través de un comunicado, la administración de ese complejo de viviendas indicó que los implicados, para poder entrar, simularon realizar un allanamiento. Pero enseguida quedaron al descubierto sus intenciones.

“Los antisociales sustrajeron los teléfonos celulares del personal de garita y causaron daños en el sistema de vigilancia”, se indicó. La intención de los criminales habría sido llevarse a uno de los habitantes, pero esa acción no se habría concretado.

Una residente comentó que, durante el acto violento, las luces de la garita estaban apagadas. Además, la pluma que da paso a los vehículos estaba levantada y en el portón había sujetos que lucían como policías.

“Estaban los guardias maniatados con amarras. En ese momento se procedió a llamar al 911”, contó. Posteriormente, arribaron verdaderos agentes policiales en atención a esa inquietante alerta.

Tomaron recaudos

Guadalupe (nombre protegido), quien reside en otra etapa de la misma urbanización, mencionó que la directiva pasó un comunicado en el que detallaba acciones que se aplicarán para prevenir situaciones similares a la que ocurrió en Turquesa.

Entre las disposiciones principales consta que todo visitante debe portar cédula de identidad y no puede hacerlo en un carro sin placa, “salvo que el residente autorice excepcionalmente su ingreso, mediante un acta de responsabilidad debidamente firmada en la garita”.

Guadalupe afirma que en donde vive anteriormente se colocó un cerco eléctrico y también se instalaron cámaras, además de controles en los accesos y áreas internas. Y cuando ocurre algo en una etapa vecina, se refuerzan las medidas de seguridad.

Sin embargo, hay propietarios que reniegan por el tiempo que a veces tardan las revisiones y los protocolos.

“Una de las preocupaciones en el chat de la etapa es que quienes alquilen casas exijan un historial de antecedentes penales, sus fotos y qué vehículos tienen para permitir el ingreso”, dijo.

Habrá reunión con administradores

En el operativo que se realizó al día siguiente del incidente, los uniformados revisaron vehículos en la vía para constatar si se transportaba algún objeto peligroso para la integridad ciudadana. También se verificó si había alguna persona requerida por la justicia.

Como resultado, se retuvieron varios coches sin placa y se retiraron películas antisolares.

El gobernador del Guayas, José Arévalo, quien estuvo presente en la actividad de seguridad, informó que está previsto tener una reunión “con todos los administradores de las urbanizaciones, para tener un mapeo extremadamente amplio de todo lo que tiene que ver con el alquiler, y sobre todo capacitación permanente a los guardias de las compañías de seguridad”.

Rentas y controles, los retos

Evitar que las viviendas sean alquiladas a personas ligadas a grupos criminales es uno de los desafíos más importantes para paliar la inseguridad en los conjuntos residenciales.

Para el abogado penalista Steven Reyes, revisar si el interesado en rentar un inmueble tiene o no antecedentes penales es un paso fundamental. Pero hay otro punto igual de importante: que luego esta persona no alquile la propiedad a espaldas del dueño, para cometer actividades ilícitas o acoger a ciudadanos en conflicto con la ley.

“Eso puede ir en el contrato de arrendamiento, que se prohíbe subarrendar, para garantizar que el alquiler solo se cumpla con las personas que firman el contrato”, explicó.

También apuntó a que esta medida podría reforzarse a través de reformas legales, para que se sancione a los propietarios que no establezcan esa prohibición en los contratos; de igual manera, para que se sancione a quien subalquila.

El clamor de residentes: más operativos

Quienes habitan en los complejos residenciales privados en La Aurora también hacen hincapié en la necesidad de reforzar los controles y operativos por parte de las fuerzas del orden.

Elizabeth (nombre protegido), una ciudadana que reside en una etapa de la urbanización Villa del Rey, comentó que en una casa se solía ver ingresando y saliendo a personas sospechosas. Pensó que iban a detener a alguien de allí, pero no ocurrió.

“Hace poco entró la Policía y un camión con puros militares. Dieron vueltas adentro de la urbanización, en los alrededores y de ahí se fueron”, explicó.

Sin embargo, considera vital que este tipo de acciones se continúen efectuando, para incentivar a que la ciudadanía comunique las situaciones extrañas que ocurren en estos sectores.

Ventas empiezan a afectarse

Madeleine Rodríguez, quien labora para una empresa que presta el servicio de publicidad, oferta y comercialización de casas a dueños interesados en vender sus propiedades, refirió que, aunque sí existe interés en compradores por inmuebles ubicados en La Aurora, las negociaciones se han vuelto complejas desde hace más de un año.

“Las viviendas ahí están saliendo vendidas, pero por menos del valor que quieren sus dueños. Les toca poner un precio más accesible para poderlas negociar, principalmente aquellos que tienen más apuro en venderlas”, reveló.

Otra ciudadana que se dedica al mismo tipo de actividad dijo que esa situación también influye en el valor de la comisión que se debe cobrar por la venta.

En la compañía donde labora se suele pedir el 6 % del monto por el que se comercializa la casa. Pero hay propietarios que no están dispuestos a que la comisión exceda el 4 %