ASAMBLEA NACIONAL
Comisión de Seguridad aprueba el informe para primer debate de la Ley Antimafias: los detalles
La denominada Ley Antimafias es un proyecto de reforma a varios cuerpos normativos presentado por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional

Inés Alarcón (ADN) preside la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
Lo que debes saber
- La Comisión de Seguridad aprobó con 8 votos a favor el informe para primer debate del proyecto.
- El texto plantea 14 reformas normativas para debilitar las redes logísticas y patrimoniales delictivas.
- Legisladores de RC pidieron precisar los tipos penales para no vulnerar garantías constitucionales.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de agosto de 2026, con ocho votos a favor y dos abstenciones, el informe para primer debate del proyecto de Ley Antimafias, impulsado por la bancada oficialista ADN. La propuesta legislativa busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado y dotarlo de un marco jurídico para enfrentar la evolución del crimen organizado, mediante reformas penales, procesales y de extinción de dominio que pasarán a discusión del Pleno legislativo.
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El informe para primer debate de la Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado contó con el respaldo mayoritario de la mesa legislativa.
Los asambleístas Gerardo Machado y Luis Reina se abstuvieron en la votación. Tras este paso, el documento será tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional y las observaciones ciudadanas y legislativas volverán a la comisión para la redacción del informe definitivo de segundo debate.
El documento concluye que la dinámica delictiva actual exige actualizar las herramientas legales del Estado frente a las diversas formas en que las mafias consolidan su poder:
- Control territorial.
- Aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y recursos estratégicos.
- Uso de infraestructura logística.
- Instrumentalización ilícita de actos profesionales.
- Interferencia en el sistema de justicia.
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Control patrimonial y económico
En el ámbito financiero, el proyecto apunta a reducir la capacidad económica de los grupos delincuenciales. La normativa busca impedir que los bienes incautados o bajo custodia estatal se deterioren, generen cargas económicas desproporcionadas para el Estado o vuelvan a ser utilizados por las estructuras delictivas.
Posturas y observaciones de los legisladores
Los legisladores del oficialismo y de la oposición expusieron sus criterios sobre el alcance y la aplicación técnica de las reformas durante la sesión.
- Defensa del oficialismo: Los asambleístas Gema Dueñas Palma (ADN) y Mario Zambrano sostuvieron que el Estado requiere herramientas proporcionales a la evolución delictiva, al considerar que el país ya no solo enfrenta delincuencia común, sino grandes organizaciones criminales.
- Reparos de procedimiento y técnica penal: El asambleísta Gerardo Machado (RC) cuestionó la entrega del borrador la noche previa a la sesión. Además, advirtió sobre la amplitud de los nuevos tipos penales, la necesidad de un doble estándar de control y la falta de una regla transitoria para bienes con medidas cautelares previas.
- Diferenciación de roles y garantías: El legislador Jossue Barragán (RC) remarcó que el combate a las mafias debe alinearse con la Constitución. Barragán enfatizó la necesidad de distinguir con precisión la organización y dirección, la pertenencia funcional y la colaboración externa: “No se puede sancionar a una persona por quien es, por donde vive, por el territorio donde se encuentra controlado, por ser familiar o vecino de uno de los integrantes del grupo criminal”.
Alcance y reformas legales del proyecto
La iniciativa fue presentada originalmente en junio de 2026 por la entonces primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, con el respaldo del ministro del Interior, John Reimberg, y del Gobierno de Italia.
El articulado contempla un total de 14 modificaciones legales:
- Código Orgánico Integral Penal (COIP): 11 reformas.
- Código Orgánico de la Función Judicial: 2 reformas.
- Ley Orgánica de Extinción de Dominio: 1 reforma.
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Persecución a la red de soporte criminal
La propuesta legal amplía el rango de acción penal para sancionar a la estructura de soporte integral de las mafias, reconociendo que operan mediante diversos actores:
- Financistas y personas vinculadas al lavado de activos.
- Reclutadores y transportistas.
- Facilitadores de bienes y operadores logísticos.
Asimismo, el texto incluye la inhabilitación profesional para abogados condenados por delitos de crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia cometidos en el ejercicio de su labor, y refuerza la persecución contra el tráfico ilícito de hidrocarburos, gas licuado, biocombustibles y derivados de petróleo.