Ley Antimafias: "Hay que tipificar la pertenencia a grupos criminales", dice Inés Alarcón

La Asamblea Nacional se prepara para discutir un paquete de reformas legales que busca modificar la estrategia de combate al crimen organizado en Ecuador. La propuesta, respaldada por la Comisión de Seguridad y promovida inicialmente por la ahora presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, plantea cambios en tres cuerpos normativos con el objetivo de afectar la estructura económica y operativa de las organizaciones criminales.

Durante una entrevista en Teleamazonas, la presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta de ADN, Inés Alarcón, señaló que el informe ya fue remitido a la Presidencia de la Asamblea y que espera que el debate se desarrolle en los próximos días.

Según explicó, la iniciativa contempla reformas a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial.

La propuesta busca perseguir a quienes sostienen las estructuras criminales

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a reconocer que las organizaciones criminales funcionan como estructuras complejas que pueden seguir operando incluso después de la captura de sus principales líderes. 

En ese contexto, Alarcón planteó la necesidad de tipificar la pertenencia o colaboración funcional con grupos de delincuencia organizada. La propuesta alcanzaría a personas que, con conocimiento de las actividades ilícitas, contribuyan al funcionamiento de estas redes mediante tareas administrativas, financieras o profesionales.

La legisladora sostuvo que el objetivo es intervenir en la cadena de financiamiento de las organizaciones delictivas y limitar la capacidad de reemplazar a sus cabecillas cuando estos son detenidos.

"La estructura sigue funcionando como si no hubiese pasado nada", afirmó Alarcón al referirse a la dinámica operativa de las bandas criminales.

El foco está en los recursos económicos

La asambleísta defendió la necesidad de concentrar esfuerzos en el origen y circulación de los recursos que alimentan las actividades ilícitas.

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Según señaló, el proyecto busca afectar los mecanismos utilizados para obtener, mover y ocultar dinero proveniente de actividades ilegales, recursos que posteriormente servirían para la compra de armas, drogas y otros insumos vinculados a la operación de grupos criminales.

Desde esa perspectiva, la propuesta incorpora cambios en la Ley de Extinción de Dominio para agilizar los procesos de decomiso y fortalecer la capacidad del Estado para administrar bienes vinculados al crimen organizado.

Extinción de dominio y empresas fachada

Otro de los aspectos de la reforma se relaciona con la administración de bienes incautados.

Alarcón sostuvo que el actual sistema presenta limitaciones tanto en la rapidez de los decomisos como en el control posterior de los activos intervenidos. Por ello, la propuesta busca que los bienes que no puedan ser justificados dentro de los procesos correspondientes pasen a control estatal.

La legisladora también indicó que la iniciativa pretende afectar las denominadas empresas fachada utilizadas para canalizar recursos de origen ilícito y ocultar operaciones financieras vinculadas al crimen organizado.

Reformas alcanzan al sistema de justicia

Las modificaciones propuestas también incluyen cambios en el Código Orgánico de la Función Judicial. Alarcón afirmó que existen preocupaciones sobre el desempeño de algunos operadores del sistema de justicia en casos relacionados con delincuencia organizada.

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En ese contexto, defendió la incorporación de mecanismos de sanción para quienes intervengan en prácticas que favorezcan estructuras criminales desde el ámbito judicial.

Durante la entrevista mencionó la necesidad de actuar frente a conductas como la compra de sentencias o la utilización de mecanismos ilegales para influir en procesos judiciales.

Debate político en la Asamblea

Aunque el proyecto deberá superar el trámite legislativo y construir consensos para su aprobación, ADN sostiene que cuenta con una mayoría suficiente para impulsar la discusión.

Alarcón aseguró que la bancada oficialista mantiene una agenda enfocada en temas de seguridad y consideró que la propuesta difícilmente encontrará oposición, al estar orientada a combatir las economías ilegales y debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.