Ley Antimafias: el plan del oficialismo para frenar redes criminales en Ecuador

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Andrea Mancheno (ADN), presentó el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según la legisladora oficialista, la propuesta busca acompañar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

“Se trata de una herramienta jurídica adicional para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que operan con mayor capacidad, recursos y redes cada vez más amplias”, afirmó.

Mancheno, en la entrega del proyecto al presidente del Legislativo, Niels Olsen, sostuvo que la dinámica del delito ha cambiado en Ecuador. “El crimen ya no actúa como un hecho aislado ni con un autor visible; ahora opera como una estructura que controla territorios, extorsiona, recluta, ocupa espacios, utiliza bienes inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo”, explicó.

La legisladora reiteró que no se trata de hechos aislados cuando:

Entonces, según Mancheno, para el Estado no es un hecho aislado, sino un problema estructural, y no puede reducirse únicamente a la aprehensión de los delincuentes.

Sobre el sistema judicial, Mancheno dijo:

Mancheno también cuestionó la eficacia del sistema judicial. Indicó que en 2024 más de la mitad de los detenidos no permaneció en prisión, mientras que en 2025 uno de cada tres aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva.

Esto le cuesta al Estado cuidar bienes incautados al crimen:

A ello se suma, dijo la oficialista, el costo de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Actualmente, el Estado destina cerca de 2,2 millones de dólares a seguridad, custodia y seguros de estos activos. “Los ecuatorianos estamos pagando por mantener bajo resguardo bienes que estuvieron al servicio del delito”, señaló.

El proyecto de Ley Antimafias, concluyó, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estas estructuras y evitar que el crimen siga afectando tanto la vida de la población como los recursos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el proyecto de Ley Antimafias ha sido trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “atacar de manera directa las estructuras del crimen organizado”. Según explicó, la propuesta busca facilitar la detención de quienes forman parte de estas redes y limitar el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en este tipo de casos.

Reimberg también se refirió al destino de los bienes incautados al crimen organizado. “Esos bienes deben ser de los ecuatorianos”, afirmó. Cuestionó que, tras cumplir sus condenas, algunos sentenciados reclamen la devolución de estos activos.

Las limitaciones del COIP

En el proyecto de Ley Antimafias se señala que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda la delincuencia organizada desde una perspectiva centrada en la autoría y las posiciones de mando. 

Sin embargo, no tipifica de manera autónoma ni con la precisión necesaria la pertenencia funcional o la membresía dentro de una organización criminal, lo que deja espacios de impunidad para quienes, sin ejercer liderazgo, sostienen operativamente estas redes.

Asimismo, el COIP no contempla tipos penales específicos que sancionen el reclutamiento de personas para organizaciones criminales ni la provisión de infraestructura física o logística destinada a su funcionamiento. Estas omisiones, según el proyecto, limitan la capacidad del Estado para intervenir en las fases clave de sostenimiento de las economías ilícitas.