Ley Antimafias: Policía plantea ampliar la flagrancia y endurecer reformas contra el crimen

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó este 23 de julio el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformadora a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias. En la sesión participaron la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y representantes del sector exportador, quienes presentaron observaciones para reforzar el texto antes de la elaboración del informe.

El primer bloque de aportes estuvo a cargo de la Policía Nacional, que presentó un paquete de 45 reformas a distintos cuerpos legales. La institución sostuvo que la propuesta legislativa actualmente modifica 14 artículos, pero consideró necesario ampliar su alcance para enfrentar de forma más efectiva las estructuras criminales que operan en el país.

"Es necesario combatir al crimen organizado y, sobre todo, quitarles su herramienta: el poder económico. Hacia eso va destinada la orientación que tenemos como Policía Nacional", afirmó el director de la Academia de Ciencias Policiales, coronel Santa María, al cerrar su exposición ante los legisladores.

Policía propone ampliar la flagrancia y reformar el delito de terrorismo

Uno de los principales planteamientos fue modificar el plazo de flagrancia. La Policía explicó que las actuales 24 horas resultan insuficientes para recopilar pruebas en investigaciones complejas, especialmente en casos con múltiples víctimas, por lo que planteó extender ese tiempo al menos a 36 horas, tomando como referencia estándares internacionales.

"Es necesario cambiar esto. No depende de la Policía, depende de todo el sistema estructural del Estado", señaló el oficial, al recordar un caso ocurrido en Nueva Prosperina, donde cuatro sospechosos fueron liberados tras vencer el plazo legal sin que la investigación pudiera completarse.

La institución también propuso actualizar el delito de terrorismo para adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Argumentó que actualmente las organizaciones criminales utilizan explosivos para generar miedo y controlar territorios con fines económicos, por lo que consideran necesario incorporar ese fenómeno dentro de la legislación vigente.

"El concepto tiene que evolucionar y justamente lo hemos actualizado a la realidad ecuatoriana", sostuvo el expositor, quien además planteó fortalecer las normas sobre allanamientos, precursores químicos, robo de hidrocarburos y designación de jueces especializados en crimen organizado.

Economía criminal y respaldo para la fuerza pública

Durante la exposición, la Policía advirtió que el crimen organizado tendría un impacto económico equivalente a miles de millones de dólares cada año. Según los datos presentados, el narcotráfico, el robo de combustibles, las perforaciones a poliductos y el uso creciente de explosivos reflejan el fortalecimiento financiero de las organizaciones delictivas.

El oficial también pidió respaldo jurídico para los agentes que actúan bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aunque aclaró que ese respaldo debe ir acompañado de sanciones más severas para policías o militares que participen en actividades ilícitas.

"Así como pedimos respaldo, también pedimos sanciones más severas a los policías y militares que se vean inmersos en delitos de narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles y demás", enfatizó durante la comparecencia.

Procuraduría plantea ajustes a la extinción de dominio

La Procuraduría General del Estado respaldó el proyecto de ley, aunque presentó observaciones puntuales relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El organismo propuso restringir los criterios para entregar temporalmente bienes incautados a entidades privadas sin fines de lucro.

El delegado Abelardo Albornoz explicó que la redacción actual es demasiado amplia y recomendó limitar esos bienes únicamente a organizaciones cuya finalidad esté vinculada con áreas como educación, salud, deporte o vivienda, garantizando así un verdadero beneficio social.

"Esta definición es muy amplia a nuestro criterio y debería restringirse a entidades con una finalidad social específica", señaló el representante de la Procuraduría.

Sector bananero pide corresponsabilidad en la cadena logística

La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador también respaldó la Ley Antimafias, aunque solicitó que las investigaciones por contaminación de carga alcancen a todos los actores de la cadena logística y no únicamente a los exportadores.

José Antonio Hidalgo explicó que el banano representa cerca del 66 % de las exportaciones ecuatorianas y que siete de cada diez contenedores que salen del país corresponden a este producto, por lo que el sector enfrenta constantemente casos relacionados con narcotráfico.

"Una ley antimafia fortalecida tiene que ir hasta el último eslabón de investigación de todas las estructuras criminales, no al primero", manifestó Hidalgo ante la comisión.

Los exportadores propusieron incorporar la trazabilidad obligatoria de toda la cadena logística, proteger el debido proceso para trabajadores investigados, aplicar medidas cautelares proporcionales y fortalecer la corresponsabilidad de los puertos en el control de la carga contaminada.

Al finalizar la sesión, la presidenta de la comisión señaló que las observaciones recibidas servirán para fortalecer el informe del proyecto de Ley Antimafias, cuya discusión continúa en territorio con el objetivo de robustecer las herramientas legales contra el crimen organizado.