Comisión de la Niñez analiza reforma para adolescentes infractores: Interior advierte riesgos

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional recibió este 23 de julio de 2026 los criterios técnicos del Ministerio del Interior sobre el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que modifica las reglas para juzgar a adolescentes en conflicto con la ley. La comparecencia formó parte de la elaboración del primer informe legislativo.

La primera en intervenir fue Paola Fernanda Escobar Garzón, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio del Interior y secretaria del Comité para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUNA). Durante su exposición afirmó: "La participación de adolescentes en infracciones graves y su utilización por grupos delictivos organizados constituye una problemática real y de alta preocupación pública". Sin embargo, precisó que cualquier modificación legal debe observar "el principio de especialidad, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la mínima intervención penal y la finalidad socioeducativa del sistema".

Ministerio del Interior cuestiona ampliar plazos para adolescentes infractores

Uno de los principales puntos analizados fue la propuesta de ampliar de 90 a 180 días el internamiento preventivo para adolescentes infractores. La funcionaria sostuvo que esa modificación podría generar conflictos con la Constitución y con los tratados internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Escobar también observó la propuesta de extender los tiempos de investigación previa y de prescripción de la acción penal. Explicó que si bien existen procesos complejos relacionados con grupos de delincuencia organizada, aumentar automáticamente los plazos podría afectar garantías constitucionales y generar inseguridad jurídica dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

Reclutamiento de menores y justicia especializada marcaron el debate

Durante la sesión, el asambleísta Ricardo Patiño consultó sobre la información que posee el Estado respecto al reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales. En respuesta, la subsecretaria reconoció que Ecuador todavía no dispone de una base de datos única que permita medir el fenómeno de forma integral.

"En nuestro país, lamentablemente, no tenemos un dato integrado específicamente sobre reclutamiento", respondió Escobar. Añadió que el COPRUNA trabaja en consolidar información proveniente de distintas instituciones para construir indicadores, mapas de riesgo y mecanismos de alerta temprana.

La funcionaria explicó que la estrategia nacional contra el reclutamiento identifica factores de riesgo individuales, familiares, escolares y comunitarios, siguiendo el modelo socioecológico de Naciones Unidas. Además, señaló que el comité ya definió un índice de vulnerabilidad que permite priorizar los cantones donde el Estado concentra acciones preventivas frente al crimen organizado.

Ministerio del Interior pide fortalecer capacidades antes que endurecer penas

En el intercambio con los legisladores, la asambleísta Paola Cabezas planteó que el problema no se limita a endurecer las sanciones, sino a fortalecer las capacidades del Estado para investigar, prevenir el reclutamiento y rehabilitar a adolescentes en conflicto con la ley.

Escobar coincidió con ese enfoque y explicó que las reformas penales, por sí solas, no resolverán el problema. "Ninguna acción aislada ha funcionado en ningún país del mundo frente a un fenómeno tan complejo", manifestó. Agregó que el COPRUNA impulsa una propuesta para reformar 13 cuerpos normativos con el objetivo de fortalecer la prevención del reclutamiento infantil.

La subsecretaria también reveló que actualmente existen dificultades operativas para investigar delitos cometidos por adolescentes vinculados al crimen organizado, debido a que los tiempos procesales resultan insuficientes para la Policía Nacional y la DINAPEN. No obstante, insistió en que cualquier ajuste debe respetar el marco constitucional y la justicia especializada para adolescentes.

Subsecretaría de Rehabilitación Social respalda observaciones al proyecto de ley

Tras la intervención de Escobar, la comisión recibió a Eleonora Salazar Bravo, subsecretaria de Rehabilitación Social y Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, quien respaldó los criterios expuestos previamente por el Ministerio del Interior y explicó que el nuevo viceministerio trabaja en la implementación de una política pública diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley.

La funcionaria recordó que el Viceministerio de Rehabilitación Social fue creado hace aproximadamente un mes y que ya desarrolla modelos específicos de atención para adolescentes infractores, separados del sistema penitenciario de adultos. Según indicó, la política pública aprobada en diciembre de 2025 fija metas relacionadas con nuevos modelos de gestión, atención y rehabilitación.

"Se está trabajando sobre la marcha en este momento, teniendo consideración de que no lo hacemos solos, lo hacemos también con la articulación y la cooperación internacional", señaló Salazar al responder inquietudes de los legisladores sobre las nuevas competencias asumidas por la cartera de Estado.

Reforma al Código de la Niñez debe respetar principios constitucionales, según Ministerio

Durante su análisis del proyecto, la subsecretaria coincidió en que la propuesta de ampliar el internamiento preventivo y modificar los plazos procesales debe revisarse con mayor rigurosidad para evitar vulneraciones a los principios que rigen la justicia juvenil.

Salazar explicó que extender el internamiento preventivo de 90 a 180 días obligaría también a revisar la capacidad instalada de los Centros para Adolescentes Infractores (CAI), la disponibilidad de espacios diferenciados, equipos técnicos especializados y recursos suficientes para garantizar una atención integral.

"El internamiento preventivo constituye una medida cautelar de carácter excepcional y de aplicación restrictiva", enfatizó. Agregó que ampliar ese plazo "podría afectar el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, así como los principios del interés superior del adolescente, mínima intervención y celeridad procesal".

La funcionaria sostuvo además que las modificaciones sobre prescripción y caducidad deben analizarse considerando las sentencias de la Corte Constitucional y los estándares internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su criterio, mantener la normativa vigente ofrece mayores garantías mientras se fortalecen las capacidades institucionales.

Asambleístas debatieron regulación de abogados y fortalecimiento de la justicia juvenil

Durante el debate, el asambleísta Alejandro Vanegas consultó sobre posibles mecanismos para evitar malas prácticas de abogados que intervienen en procesos de adolescentes vinculados con estructuras criminales y que, según afirmó, buscan provocar la caducidad o prescripción de las causas.

En respuesta, Salazar respaldó la propuesta presentada por el COPRUNA para que quienes ejerzan la defensa de adolescentes infractores cuenten con una certificación especializada registrada ante el Consejo de la Judicatura. "Estos deben ser regulados y capacitados para que su gestión y su defensa sea acorde a la lealtad procesal", manifestó.

Escobar también había explicado previamente que el comité impulsa esa certificación debido a que han identificado defensas privadas que, mediante estrategias procesales, retrasan investigaciones relacionadas con adolescentes utilizados por organizaciones criminales.

Concluidas ambas comparecencias, la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Viviana Veloz, agradeció los aportes presentados por las dos subsecretarias y señaló que los criterios técnicos servirán para la elaboración del primer informe sobre el proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.