Ley antimafia
¿Puede una ley antimafia frenar el avance del crimen organizado? Análisis
Expertos sostienen que el actual sistema fue diseñado para perseguir delitos individuales y no a organizaciones. La medida buscaría persecución patrimonial
Propuesta de una ley antimafia surge en 2026 por homicidios, mafias e infiltración en instituciones.
Lo que debes saber
- Debate impulsa ley antimafia en Ecuador tras crisis de seguridad por crimen organizado
- Expertos plantean cambiar COIP para sancionar redes criminales y seguir dinero
- Propuesta surge en 2026 por homicidios, mafias e infiltración en instituciones
El planteamiento de una posible ley antimafia en Ecuador gana relevancia tras las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien propuso reformar el modelo de seguridad frente al avance del crimen organizado.
La iniciativa parte de un diagnóstico clave: el país ya no enfrenta solo delincuencia común, sino estructuras criminales con características empresariales.
Según analistas, estas organizaciones operan a través de redes financieras, control territorial e incluso infiltración en instituciones públicas.
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Más que endurecer penas: un cambio estructural
El abogado penalista Julio César Cueva advierte que una ley antimafia no debe centrarse únicamente en aumentar sanciones, sino en transformar la forma en que el Estado investiga y combate el delito.
El jurista sostiene que Ecuador enfrenta redes transnacionales con capacidad económica y alcance en distintos niveles, lo que exige herramientas más complejas para su desarticulación.
¿Qué implicaría una ley antimafia?
La discusión técnica plantea que una norma de este tipo introduce herramientas legales que actualmente no existen o son limitadas en el sistema ecuatoriano. Entre los principales ejes destacan:
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- Persecución patrimonial: seguir el dinero, no solo a los responsables directos.
- Extinción de dominio eficiente: decomisos rápidos y control estatal de bienes.
- Investigación avanzada: uso de agentes encubiertos, inteligencia financiera e interceptaciones.
- Responsabilidad empresarial: sancionar empresas utilizadas como fachada.
- Protección reforzada: para jueces, fiscales y testigos.
Cueva enfatiza que el verdadero poder de estas organizaciones “no está solo en las armas, sino en el dinero y la corrupción”, por lo que golpear sus finanzas podría tener un impacto mayor que el encarcelamiento de operadores de bajo nivel.
Política
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Contexto nacional: un sistema bajo presión
El problema se da en un escenario donde Ecuador enfrenta una crisis de seguridad marcada por el incremento de homicidios, el control de cárceles por bandas criminales y el uso del país como ruta del narcotráfico.
Actualmente, el sistema penal ecuatoriano —centrado en el COIP— ha sido diseñado para perseguir delitos individuales, lo que limita su alcance frente a redes complejas que operan de forma articulada.
En este contexto, especialistas coinciden en que el Estado suele capturar a sicarios o microtraficantes, pero rara vez afecta a las estructuras financieras o políticas del crimen. Esto genera una brecha entre la acción policial y la desarticulación real de las organizaciones.
El dinero y la corrupción como base del crimen
Cueva advierte que el principal poder de estas estructuras no radica únicamente en la violencia, sino en su capacidad económica y en la corrupción.
En ese contexto, afectar sus finanzas podría generar un mayor impacto que la captura de operadores de bajo nivel, una práctica que actualmente predomina en el sistema penal ecuatoriano.
Ecuador debe mirar el rigor institucional y financiero de Italia para ahogar y acabar a las bandas.
Limitaciones del modelo actual
El sistema penal vigente, basado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue diseñado para perseguir delitos individuales. Esto limita su efectividad frente a redes criminales que operan de manera articulada y sofisticada.
Analistas coinciden en que, si bien se logran detener sicarios o microtraficantes, las estructuras financieras y políticas que sostienen al crimen organizado permanecen en gran parte intactas.
Modelos internacionales: ¿Italia o El Salvador?
Uno de los puntos centrales del debate es qué modelo seguir. Las experiencias internacionales muestran caminos distintos:
Italia: “seguir el dinero”
El modelo italiano, desarrollado para combatir mafias como la Cosa Nostra, se basa en:
- Persecución patrimonial,
- Tribunales especializados,
- Aislamiento carcelario de líderes.
Para Goyes, este modelo es el más cercano a la realidad ecuatoriana, dado que el país comparte una característica clave: el lavado de dinero en la economía formal, facilitado en parte por la dolarización.
El Salvador: control territorial
Por otro lado, el modelo salvadoreño se ha sustentado en regímenes de excepción prolongados, detenciones masivas y suspensión de garantías constitucionales para desarticular pandillas.
Sin embargo, especialistas advierten que este esquema es difícilmente replicable en Ecuador. “Las fórmulas de control territorial absoluto chocan con los límites constitucionales del país”, señala Goyes.
Estructura
Riesgos de una ley mal diseñada
Los especialistas también advierten sobre los riesgos. Una normativa mal estructurada podría derivar en abusos de poder, persecución política o vulneraciones a derechos fundamentales.
El desafío, señalan, es equilibrar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado con el respeto a las garantías constitucionales.
Una buena ley puede transformar la capacidad del Estado para enfrentar a estructuras criminales complejas.
Un fenómeno criminal más complejo
El criminólogo Gabriel Torres sostiene que la problemática en Ecuador ha superado la lógica tradicional del narcotráfico. Según explica, el fenómeno actual se asemeja a modelos de captura institucional observados en otros países de la región.
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En ese escenario, el problema ya no se limita a la violencia, sino a la capacidad de estas estructuras para infiltrarse en economías legales, financiar corrupción y penetrar instituciones públicas.
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