El informe secreto que revela por qué las bandas criminales sobreviven a los estados de excepción

Mientras el Gobierno renueva estados de excepción, despliega militares en las calles y restringe la movilidad en las provincias más violentas del país, las estructuras criminales siguen operando. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia, utilizado como sustento para el decreto presidencial del 15 de octubre de 2026, concluye que las organizaciones delictivas no han sido desarticuladas. Por el contrario, han demostrado capacidad para reorganizarse, modificar sus estrategias y mantener el control de corredores estratégicos del narcotráfico, incluso bajo intensa presión estatal.

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La imagen de una banda criminal derrotada por los operativos masivos dista de lo que reflejan los documentos de inteligencia. Detrás de las capturas, decomisos y patrullajes, las organizaciones continúan reconfigurando sus mandos y disputando territorios clave en la Costa ecuatoriana.

El informe señala que la acción de las fuerzas de seguridad ha puesto en evidencia la “resiliencia táctica” de estas estructuras, su constante reconfiguración y la persistencia de las disputas territoriales.

Esa conclusión ayuda a explicar una de las preguntas que más se repite en las zonas golpeadas por la violencia: ¿por qué las bandas sobreviven a los estados de excepción?

La criminalidad cambia de forma, pero no desaparece

La lógica tradicional de la seguridad plantea que la captura de líderes y el aumento de controles debería debilitar a las organizaciones criminales. Sin embargo, la experiencia ecuatoriana muestra un fenómeno diferente.

Cuando un cabecilla cae, otro ocupa su lugar. Cuando una estructura pierde presencia en un sector, busca expandirse hacia otro. Cuando aumenta la vigilancia en una ruta del narcotráfico, aparecen corredores alternativos.

Según el informe que fundamentó el nuevo toque de queda, la actividad del crimen organizado persiste en cinco de las seis provincias de la Costa sometidas a medidas extraordinarias: Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Los Ríos.

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, sostiene que estructuras pequeñas pueden operar como “franquicias”: reciben autorización o protección de una organización mayor y, a cambio, entregan parte de lo recaudado. Cuando otro grupo intenta ingresar al mismo sector, la disputa por las víctimas genera amenazas, atentados y asesinatos.

La evaluación de inteligencia sostiene que las organizaciones criminales mantienen una capacidad operativa suficiente para sostener economías ilegales vinculadas al narcotráfico, extorsiones, secuestros, robo de armas, minería ilegal y tráfico de combustibles.

Más que desaparecer, las redes delictivas parecen haber aprendido a funcionar en un entorno de presión permanente.

La pelea por el territorio sigue siendo el núcleo del conflicto

La violencia que golpea a Ecuador tiene un componente territorial cada vez más marcado. Bandas como Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones, Chone Killers, Águilas y Fatales aparecen mencionadas en los reportes oficiales como actores de una disputa constante por rutas, puertos, barrios y economías ilícitas.

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La provincia de El Oro es uno de los ejemplos más claros. Allí las autoridades han identificado una fuerte pugna por el control de corredores que conectan con Puerto Bolívar, uno de los puntos estratégicos para la salida de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

En otras provincias, la disputa se concentra en áreas urbanas donde las bandas ejercen control social mediante extorsiones, amenazas y reclutamiento de jóvenes.

Para los organismos de inteligencia, estas guerras territoriales continúan siendo uno de los principales motores de los homicidios registrados en el país.

El experto en seguridad Gabriel Lozano sostiene que el crimen organizado posee una enorme capacidad de adaptación y que, cuando el Estado concentra recursos en determinados territorios, las organizaciones simplemente trasladan parte de sus operaciones hacia zonas menos vigiladas. Para el académico, la violencia “no desaparece, sino que cambia de lugar”, un fenómeno observado también en otros países de América Latina.

Las cifras muestran una violencia persistente

Entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026 se registraron 483 homicidios intencionales a nivel nacional. De ellos, 281 ocurrieron entre las 18:00 y las 05:59, precisamente durante las horas en las que las autoridades ubican mayor actividad criminal.

Solo entre la medianoche y las cinco de la mañana se contabilizaron 33 homicidios en las provincias donde regirá el nuevo toque de queda. La distribución evidencia la concentración de la violencia en los territorios más disputados: 

Otro indicador revela la intensidad de los enfrentamientos. Entre septiembre y octubre se recuperaron 2.470 indicios balísticos disparados durante hechos violentos ocurridos en la franja horaria restringida. Más de la mitad correspondieron a Guayas.

Los resultados operativos no eliminan el fenómeno

Las fuerzas del orden han ejecutado cientos de intervenciones y capturas. Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas registró 282 detenidos vinculados a distintas organizaciones criminales durante el periodo analizado. Solo en Guayas hubo 152 arrestos asociados a grupos como Águilas, Tiguerones, Choneros y Chone Killers.

Sin embargo, los documentos de inteligencia señalan que estos golpes no han frenado completamente la continuidad de delitos como secuestros extorsivos, narcotráfico, tráfico de armas y actividades ligadas a economías ilícitas.

El patrón observado es el de organizaciones que pierden integrantes, pero conservan estructuras; que sufren capturas, pero mantienen capacidad de reemplazo.

El desafío de una guerra prolongada

Entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre, el sistema ECU911 reportó 12.468 emergencias relacionadas con violencia criminal en las provincias bajo estado de excepción.

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La cifra resume la dimensión del fenómeno: la confrontación entre el Estado y las organizaciones criminales ha entrado en una fase prolongada donde las bandas no solo buscan resistir los operativos, sino adaptarse a ellos.

El informe del Centro Nacional de Inteligencia plantea precisamente ese escenario. Las estructuras delictivas continúan presentes porque han desarrollado mecanismos para sobrevivir a los cambios de liderazgo, a las restricciones de movilidad y a la presión policial y militar.