Homicidios bajan en Ecuador, pero la violencia se desplaza a otras zonas

El fenómeno de la violencia homicida en Ecuador está cambiando de mapa. Aunque las cifras nacionales muestran una reducción frente al año pasado, ese descenso no significa que el crimen organizado haya perdido fuerza. 

Por el contrario, los datos oficiales revelan que la violencia se ha desplazado hacia nuevos territorios: entre enero y mayo de 2026, un total de 82 cantones registraron más muertes violentas que en el mismo período de 2025, lo que evidencia una expansión geográfica de las estructuras criminales. 

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el país pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado convierte a 2026 en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del Ecuador, solo por detrás del récord alcanzado en 2025.

Reducción de homicidios oculta nuevos focos de violencia

La aparente mejora se concentra principalmente en los grandes focos históricos de violencia. Guayaquil redujo los asesinatos de 1.308 a 944 casos, equivalente a una caída del 27,8%. 

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Durán pasó de 319 a 156 homicidios, una reducción del 51%. Portoviejo disminuyó de 149 a 80 casos y Babahoyo de 132 a 70. Estos descensos permitieron aliviar el balance nacional, pero, al mismo tiempo, ocultaron el crecimiento de la violencia en decenas de cantones que anteriormente no figuraban entre los principales escenarios del crimen organizado. 

Según el análisis de las bases oficiales, mientras 51 cantones registraron reducciones y otros 44 no reportaron homicidios durante el período analizado, 82 experimentaron incrementos. 

Este patrón coincide con las advertencias formuladas desde hace varios meses por autoridades y especialistas sobre la movilidad de las organizaciones criminales frente a la presión estatal en las zonas tradicionales del narcotráfico.

Crimen organizado y bandas criminales expanden su presencia

Los incrementos no responden únicamente a un aumento espontáneo de la delincuencia común. 

Diversos analistas sostienen que detrás existe una reconfiguración territorial de las bandas criminales que buscan controlar nuevas rutas para el tráfico de drogas, la minería ilegal, las extorsiones y otras economías ilícitas.

El experto en seguridad Gabriel Lozano sostiene que el crimen organizado posee una enorme capacidad de adaptación y que, cuando el Estado concentra recursos en determinados territorios, las organizaciones simplemente trasladan parte de sus operaciones hacia zonas menos vigiladas. Para el académico, la violencia “no desaparece, sino que cambia de lugar”, un fenómeno observado también en otros países de América Latina.

Narcotráfico y control territorial impulsan la violencia

Por su parte, el analista en seguridad Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, explica que los episodios de violencia múltiple suelen responder a disputas por el control territorial, reacomodos entre estructuras criminales o fracturas internas. 

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“En ese escenario, la presión estatal puede fragmentar a los grupos, pero no necesariamente desarticularlos. La consecuencia es una mutación de la violencia: disminuyen ciertos asesinatos focalizados, pero continúan eventos de alto impacto, como matanzas múltiples en espacios públicos o ataques selectivos con alto nivel de brutalidad, que funcionan como mensajes de poder, represalia o intimidación”, sostiene.

Una fuente militar detalla que en la provincia operan grupos delincuenciales con actividad diaria, especialmente en los cantones Babahoyo, Quevedo, Mocache, Vinces, Ventanas y Quinsaloma.

“La provincia tiene 13 cantones y estos son los que tienen mayor preponderancia de la actividad delincuencial”, señala el oficial. Añade que existe una lucha de poder entre las bandas Los Lobos, Los Choneros y R7, conflicto que ha generado un incremento de la violencia.

El impacto del narcotráfico y las estrategias del Gobierno

El oficial afirma que se ejecutan operaciones para contener el accionar delictivo, reducirlo y garantizar la seguridad. Sin embargo, subraya que “la columna vertebral del problema es el narcotráfico”, principal fuente de ingresos de los grupos delincuenciales, junto con las extorsiones y otros delitos conexos, como secuestros y robos.

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Una lectura similar plantea el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que desde 2023 viene advirtiendo que el análisis de los homicidios debe realizarse tanto a partir de cifras absolutas como de tasas poblacionales. 

El informe del OECO recuerda que Ecuador experimentó un incremento superior al 528% en homicidios respecto de 2019 y que las organizaciones criminales han ampliado progresivamente su presencia hacia territorios anteriormente considerados de bajo riesgo. 

Además, ocho de cada diez asesinatos son cometidos con armas de fuego, un indicador que refleja el carácter organizado de buena parte de estos delitos.

El Gobierno también implementó el toque de queda en dos ocasiones como parte de su estrategia de seguridad. El experto en seguridad Daniel Pontón reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70% en los homicidios durante las horas restringidas.

Homicidios siguen entre los más altos de la historia reciente

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impidió una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas. 

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Pontón plantea que el Gobierno pudo haber medido el éxito del toque de queda con base en indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

La distribución territorial confirma esa tendencia. Los 3.485 homicidios registrados entre enero y mayo ocurrieron en 138 cantones, es decir, en más del 62% del territorio cantonal ecuatoriano. 

El promedio nacional continúa siendo de aproximadamente 23 asesinatos diarios. A ello se suma el impacto sobre la población más joven. Ecuador registró 148 homicidios de adolescentes únicamente durante el primer trimestre de 2026.