DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR
Informe internacional alerta de un "deterioro acelerado" de los derechos humanos en Ecuador
Siete organizaciones no gubernamentales alertan un deterioro acelerado de los derechos humanos en Ecuador por la militarización y la criminalización
Las organizaciones no gubernamentales cuestionan las acciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Lo que debes saber
- Siete ONG alertan un deterioro acelerado de los derechos humanos en Ecuador.
- La militarización de la seguridad vulnera libertades y el estado de derecho.
- Exigen al Gobierno frenar la criminalización y respetar consultas territoriales.
Un informe elaborado por siete organizaciones internacionales denunció este jueves en Quito un deterioro acelerado de las condiciones para la defensa de los derechos fundamentales en Ecuador, impulsado por el avance de la militarización, la represión estatal y el extractivismo. La investigación, presentada en rueda de prensa tras una misión de observación que recorrió comunidades como Imbabura y dialogó con defensores y autoridades, advirtió que la estrategia de seguridad del Gobierno vulnera el estado de derecho y limita la consulta libre e informada de las poblaciones indígenas.
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Crisis de derechos humanos y seguridad militarizada
El documento, titulado ‘Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador’, recoge las conclusiones de una misión internacional de observación desarrollada en marzo de este año. La delegación sostuvo encuentros con comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país —entre ellas la provincia andina de Imbabura—, así como con autoridades públicas y activistas locales.
Durante la presentación del balance en Quito, Natalia Yaya, representante de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), expresó la preocupación del colectivo frente a los hallazgos en territorio:
Lo que observamos nos alertó profundamente. Esto requiere atención inmediata. Los hallazgos no son casos aislados, son tendencias preocupantes. El enfoque de seguridad militarista actual, lejos de resolver los problemas del país, está generando nuevas violaciones de derechos humanos. Si no se toman medidas urgentes, Ecuador podría encaminarse a una situación en la que las libertades fundamentales y el estado de derecho se vean profundamente comprometidas
Dos militares resguardan una zona de afluencia de civiles en una ciudad.
Por su parte, Soraya Gutiérrez, secretaria general de la FIDH, cuestionó la implementación recurrente de medidas de excepción en las políticas públicas del Ejecutivo:
Las medidas excepcionales no pueden convertirse en la nueva normalidad y los conflictos socioambientales no pueden resolverse con la militarización de los territorios.
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Protestas indígenas de 2025 y uso desproporcionado de la fuerza
La investigación documentó patrones sistemáticos de represión y criminalización durante las movilizaciones registradas en el marco del paro nacional convocado por el movimiento indígena en 2025, el cual rechazaba la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.
El informe calificó la respuesta institucional como una "falta de Estado", señalando el incumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza.
Saldo de las manifestaciones de 2025:
- 3 personas fallecidas durante las jornadas de protesta.
- Más de 400 heridos reportados a nivel nacional.
- Procesos de criminalización dirigidos contra manifestantes y dirigentes sociales.
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Impacto del extractivismo en los territorios y demandas al Estado
El análisis concluyó que el incremento de proyectos extractivos ha menoscabado el derecho de las comunidades a decidir de manera libre e informada sobre el uso de sus tierras, alterando de forma directa sus formas tradicionales de vida.
Carla Moscoso, delegada de la Coalición para la Solidaridad Internacional 11.11.11, remarcó las contradicciones normativas que atraviesa el país andino:
Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero son derechos tensionados.
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Exigencias puntuales dirigidas al Gobierno de Ecuador:
- Abandonar el enfoque militarizado en la gestión de la seguridad pública interna.
- Poner fin a la criminalización de manifestantes y líderes comunitarios.
- Garantizar la independencia judicial en los procesos abiertos contra defensores.
- Respetar los derechos colectivos y las decisiones de las comunidades frente a actividades extractivas.
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