EE. UU. señala a siete exfuncionarios de Ecuador por corrupción vinculada al narcotráfico

Estados Unidos ha señalado a siete exfuncionarios ecuatorianos por su presunta participación en actos de corrupción vinculados con organizaciones terroristas extranjeras. La lista anunciada por el Departamento de Estado alcanzan a antiguos funcionarios de la administración penitenciaria, la justicia y la Asamblea Nacional.

Entre los señalados están Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carrillo, expresidente de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura.

Según el Departamento de Estado, los tres abusaron de sus cargos al aceptar sobornos de integrantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico. 

A cambio, habrían intervenido en procesos judiciales, electorales y administrativos para favorecer a bandas ecuatorianas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos.

La lista también incluye a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de ese tribunal; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de comunicación de la Corte Provincial del Guayas.

¿Cuáles son los efectos de integrar esa lista elaborada por EE.UU.?

Estados Unidos sostiene que estos actos de corrupción tuvieron consecuencias sobre su seguridad al favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico y afectar a comunidades estadounidenses. 

Como consecuencia de las designaciones, los siete exfuncionarios y, en general, sus familiares directos quedan sujetos a restricciones para ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado justificó las medidas en la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026. 

Esta norma permite designar públicamente o de manera privada a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información fidedigna sobre su participación en actos significativos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.

Las acusaciones corresponden a Estados Unidos y deben distinguirse de las decisiones y procesos que se desarrollen en Ecuador.