Ecuador reordena sus cárceles, pero las fugas siguen: el desafío del nuevo sistema penitenciario

La fuga de dos presos de la cárcel de Turi, en Cuenca, expuso nuevamente las fallas de vigilancia del sistema penitenciario ecuatoriano. Los internos rompieron los barrotes de una ventana, utilizaron sábanas para descender y maniataron a un compañero que decidió no escapar. Luego atravesaron patios, subieron a una terraza y escalaron un muro próximo a una garita sin que se activara una alerta inmediata.

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El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2026, el mismo día en que entró en vigencia el Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad. La coincidencia resume dos realidades paralelas: el Estado intenta reorganizar la población penitenciaria mediante criterios de riesgo, mientras continúan registrándose evasiones que revelan deficiencias en cámaras, garitas, custodias y protocolos de reacción.

Entre enero y septiembre de 2026, la Fiscalía registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga. En todo 2025 hubo 90. Guayas concentra 20 de los casos reportados este año, seguido por Pichincha, con ocho; Esmeraldas, con cinco; Manabí, con cuatro; y Cotopaxi, con tres.

Cuatro categorías para separar a los presos

La evaluación deberá considerar la gravedad del delito, la situación procesal, los antecedentes, la conducta dentro de prisión, el riesgo de fuga y la capacidad de ejercer violencia o influencia sobre otros reclusos. También se analizarán la pertenencia, jerarquía o vinculación con organizaciones criminales, redes transnacionales o estructuras terroristas.

Los presos identificados como una amenaza grave, por su liderazgo criminal, peligrosidad o capacidad de reorganizar actividades delictivas, podrán ser enviados al régimen especial. A los nuevos internos se los deberá diagnosticar desde su ingreso, en una zona transitoria, mediante un procedimiento que no podrá superar ocho días. La valoración incluirá condiciones jurídicas, físicas, mentales y de vulnerabilidad.

El reglamento no parte de cero. Ecuador ya contaba con disposiciones para separar a los detenidos, pero estas no llegaron a consolidarse como un sistema técnico y permanente. La distribución de los internos terminó condicionada por la infraestructura disponible, el hacinamiento, la información incompleta y el control que las bandas ejercieron sobre pabellones enteros.

Para Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, el país sí tenía un sistema de clasificación, pero este no se aplicaba. A su criterio, el nuevo modelo mantiene un punto problemático: no establece una separación suficientemente clara entre personas sentenciadas y procesadas.

Aunque la normativa incorpora la situación jurídica dentro de la evaluación y señala que la clasificación de quienes no tienen sentencia será preventiva, Zumárraga considera que procesados y condenados deben recibir un tratamiento diferenciado. La presunción de inocencia impide que una valoración de seguridad se convierta, en la práctica, en una sanción anticipada.

¿Qué necesita el SNAI para aplicar el modelo?

Clasificar a cerca de 40.000 personas exige más que formularios. Zumárraga sostiene que el SNAI necesita un equipo sólido de diagnóstico, integrado por juristas y psicólogos capaces de revisar expedientes, sentencias, tiempo de reclusión, peligrosidad, conducta, sanciones disciplinarias y evolución individual.

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También se requieren criminólogos, trabajadores sociales, médicos, analistas de inteligencia y especialistas en bases de datos. Sin equipos permanentes en cada cárcel, la clasificación podría limitarse al delito registrado o a información policial no contrastada, en lugar de convertirse en una evaluación individual actualizable.

A ello se suma la necesidad de expedientes digitales interconectados con la Función Judicial, la Fiscalía, la Policía y el sistema de salud. La información deberá verificarse, protegerse y actualizarse, pues un error puede ubicar a un detenido de bajo riesgo junto a integrantes de organizaciones criminales o enviar a una persona a máxima seguridad sin suficiente sustento.

La clasificación tampoco funcionará si las cárceles no cuentan con espacios físicamente diferenciados. Separar cuatro categorías requiere pabellones seguros, zonas de evaluación, cámaras operativas, escáneres, cerraduras, centros de monitoreo, suficientes agentes penitenciarios y protocolos especiales para traslados y atenciones médicas.

Las fugas revelan fallas fuera de los pabellones

El caso de Turi mostró que una clasificación correcta no sustituye la custodia. Los dos fugados cumplían sentencias por robo y narcotráfico. Cuatro policías fueron inicialmente procesados por evasión, pero la causa quedó en investigación previa y recuperaron la libertad. Según la investigación, la salida quedó registrada en video, aunque no se habría emitido una alerta oportuna.

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A este episodio se agregó la fuga de un recluso presuntamente relacionado con la mafia albanesa, quien habría abandonado por la puerta principal una casa de salud del noroeste de Guayaquil mientras estaba bajo custodia del SNAI. Reportes ubican este caso en un hospital de Monte Sinaí, no en el Hospital General Guasmo Sur, como se señaló inicialmente.

Zumárraga identifica dos problemas persistentes: la falta de monitoreo y de medidas de control, y la corrupción de los agentes responsables de custodiar a los presos. Plantea controles preventivos como pruebas de confianza, polígrafos y revisión de variaciones patrimoniales o movimientos financieros, respetando las garantías legales.

El experto en seguridad Wagner Bravo sostiene que el SNAI necesita una transformación profunda y una evaluación integral de sus aproximadamente 4.000 funcionarios. A su juicio, la presencia militar contiene temporalmente la crisis, pero no reemplaza la constitución de un cuerpo penitenciario profesional. Si los militares se retiran sin una transición planificada, advierte, las cárceles podrían volver a quedar expuestas.

El especialista colombiano Hugo Acero coincide en que la seguridad requiere infraestructura, aunque rechaza copiar el modelo de la megacárcel de El Salvador por los cuestionamientos sobre derechos humanos. Propone construir un sistema que combine vigilancia, profesionalización y reinserción social.

Acero considera indispensable impedir fugas e intromisiones externas mediante medidas técnicas y humanas. También plantea formar nuevos equipos paralelamente a la construcción de cárceles, pues mantener funcionarios captados por redes de corrupción prolongaría las mismas vulnerabilidades.