Ecuador mueve a más de 9.000 reclusos en un intento por frenar el poder de las bandas

Ecuador puso en marcha la primera fase de un plan nacional para reclasificar y redistribuir a 9.214 personas privadas de libertad en seis centros penitenciarios del país, una medida que busca reorganizar a la población carcelaria de acuerdo con su nivel de peligrosidad y reducir la capacidad de influencia de las estructuras criminales que operan al interior de las prisiones.

El proceso comenzó el pasado viernes 16 de octubre en cárceles ubicadas en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo, con apoyo de efectivos policiales y militares. La estrategia contempla la separación de los reclusos en cuatro categorías de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial.

Reorganización en medio de la crisis penitenciaria

La nueva clasificación pretende establecer controles diferenciados sobre los internos según el riesgo que representan dentro del sistema penitenciario. La medida se enfoca en limitar la articulación de grupos delictivos dentro de las cárceles, espacios que durante los últimos años han sido señalados como puntos de planificación y coordinación de actividades criminales.

La reorganización también apunta a una gestión más segmentada de la población penitenciaria, con la intención de mejorar las condiciones para los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Cárceles, foco de la violencia criminal

El plan se implementa en un contexto marcado por la crisis de seguridad que atraviesa el país. Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados en centros penitenciarios ecuatorianos, gran parte de ellos durante masacres ocurridas por enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales que disputan el control de las cárceles.

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La violencia carcelaria ha sido considerada uno de los principales desafíos para las autoridades, debido a que varias investigaciones han identificado a los centros penitenciarios como lugares desde donde se coordinan actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, las extorsiones y otros delitos.

Expertos advierten necesidad de reformas estructurales

Diversos organismos internacionales especializados en seguridad y crimen organizado han señalado que la crisis penitenciaria requiere transformaciones de fondo que incluyan mejoras en la administración carcelaria, el control interno y los programas de rehabilitación.

Las advertencias apuntan a que las medidas de seguridad y los operativos de control deben complementarse con reformas estructurales que permitan recuperar la gobernabilidad