Crisis en la Amazonía: Pacientes con cáncer y diálisis denuncian ocho meses de abandono estatal

Este lunes 18 de mayo, pacientes con cáncer y problemas renales de la Amazonía ecuatoriana se concentraron frente a la Asamblea Nacional para denunciar el retraso de ocho meses en el pago de los fondos destinados a su atención médica. De acuerdo con los afectados, esta falta de presupuesto ya ha provocado decenas de fallecimientos debido a la interrupción de sus tratamientos.

Activistas, autoridades locales y representantes de los enfermos afirmaron que el Gobierno Nacional no ha transferido los recursos comprometidos a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía (CTA), a pesar de que existen convenios firmados y dos resoluciones judiciales que fallaron a su favor. 

"Hay un incumplimiento total del Gobierno", afirmó el abogado Pablo Fajardo, quien explicó que el problema central radica en que los fondos "se asignan en el papel, pero nunca se entregan".

Convenio paralizado por falta de desembolsos

Fajardo detalló que, bajo un nuevo convenio vigente desde enero de 2025, la CTA debía transferir 1,3 millones de dólares para la atención de estos pacientes; sin embargo, ni esta entidad ni el Ministerio de Economía y Finanzas han desembolsado el dinero.

Ante este escenario, el asambleísta correísta, Vicente Báez, cuestionó el destino de los recursos provenientes de la explotación petrolera en la región. "¿Cómo es posible que la provincia que más ingresos genera esté viviendo esta catástrofe en salud y empleo?", reclamó. 

Báez calculó que el 4% del precio de cada barril de crudo destinado por ley a la Amazonía equivale actualmente a más de tres dólares por barril. Con una producción promedio de 400.000 barriles diarios, el Fondo Común Amazónico debería recibir más de 480 millones de dólares al año.

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Odiseas logísticas y contaminación ambiental

A la falta de recursos se suman las extremas dificultades de movilidad. Fernando Vega, representante de los pacientes, explicó que algunos enfermos deben navegar hasta dos días por el río Napo solo para llegar a un centro médico. Esta situación ha sido letal: Vega denunció que desde octubre de 2025 han fallecido 30 personas. Seis de los fallecidos integraban la fundación que agrupa a los damnificados.Y las otras 24 no pudieron ingresar al convenio de asistencia entre la CTA y Cáritas (del Vicariato Apostólico de Aguarico) debido, precisamente, a la falta de presupuesto.

Por su parte, Adán Santana Ortiz, también vocero de los afectados, vinculó la alta incidencia de enfermedades con los impactos ambientales de la zona. Santana denunció la contaminación del entorno provocada por la actividad petrolera y la minería, tanto legal como ilegal. Según el representante, la mayor parte de la población se ve obligada a consumir agua de pozos o ríos contaminados en una provincia donde "el 80% no tiene acceso a agua potable".

"No pedimos limosna, exigimos un derecho", sentenciaron los portavoces.