Crimen organizado en la Amazonía: el negocio ilegal que amenaza a seis países

Por décadas, la Amazonía fue observada principalmente como una reserva estratégica de biodiversidad y un regulador climático global. Hoy, además de enfrentar la presión de la deforestación y el cambio climático, la región se ha convertido en uno de los principales escenarios de expansión del crimen organizado transnacional.

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El narcotráfico, la minería ilegal, la tala clandestina y el tráfico de fauna ya no operan como economías separadas. Actualmente forman parte de una misma red criminal que avanza sobre territorios indígenas, controla rutas comerciales y desafía la autoridad de los Estados.

La violencia amazónica dejó de ser un fenómeno localizado para convertirse en una crisis regional que involucra a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Lo que ocurre en la selva ya no puede explicarse únicamente por la presencia de cultivos ilícitos o laboratorios de cocaína. 

Las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos y hoy explotan simultáneamente la minería ilegal, el tráfico de madera, el acaparamiento de tierras, el tráfico de especies y el control de corredores fluviales.

La combinación de estas actividades les permite generar enormes ganancias y mantener una presencia permanente en territorios donde el Estado apenas existe.

El avance de las mafias sobre la selva

La expansión de grupos criminales brasileños es uno de los fenómenos que más preocupa a los investigadores. Para Hugo Acero, experto colombiano en seguridad, defensa y justicia, el fenómeno ya opera a escala transnacional.

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“Hoy existe un nivel de coordinación entre los distintos grupos mafiosos de los países, pero no existe un nivel similar de coordinación entre los gobiernos que comparten la Amazonía”, explica.

Acero identifica al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, como uno de los principales actores en la expansión de economías ilegales vinculadas al oro, el narcotráfico y el control territorial.

“La cocaína y la marihuana producidas en distintos territorios se movilizan por ríos, trochas y carreteras que las propias organizaciones construyen. Para hacerlo necesitan ocupar territorio, abrir rutas y destruir parte de la selva”, sostiene.

¿Qué opinan los expertos?

El analista en seguridad y crimen organizado Fernando Camacho ha advertido en diversos estudios que las cifras agregadas pueden ocultar dinámicas territoriales más complejas. “La violencia no desaparece, se redistribuye”, señala. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la Amazonía.

En numerosos territorios, los grupos criminales cobran extorsiones, regulan el transporte fluvial, controlan el acceso a comunidades y establecen mecanismos informales de justicia. En la práctica, ejercen funciones que tradicionalmente corresponden al Estado.

La situación es especialmente grave en zonas fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde las organizaciones aprovechan la fragmentación institucional y las diferencias legales para moverse entre jurisdicciones con relativa facilidad.

“Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente”, advierte un informe de International Crisis Group.

Las consecuencias son visibles: desplazamientos forzados, amenazas contra líderes comunitarios, violencia hacia defensores ambientales y crecientes restricciones a la movilidad de las poblaciones locales.