Desalojo en comunidad kichwa de Napo: Ecuarunari denuncia vulneración de derechos colectivos

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) denunció este 10 de junio de 2026 un operativo policial de desalojo ejecutado en la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. La organización calificó el hecho como una afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y exigió la suspensión inmediata de las acciones.

A través de un comunicado público, la organización expresó su rechazo al procedimiento y sostuvo que la intervención pone en riesgo a las familias que habitan en el territorio. Según indicó, entre los afectados se encuentran niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos considerados vulnerables.

La postura de ECUARUNARI también fue dirigida a la comunidad internacional y a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. En el documento, la organización advirtió que el caso trasciende el ámbito local por las implicaciones que tendría sobre los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Comunidad ancestral denuncia afectaciones en territorio de Napo

“Denunciamos ante el país y la comunidad internacional este grave atropello que vulnera los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, poniendo en riesgo la integridad, la vida y la seguridad de familias enteras”, señaló Ecuarunari en el comunicado difundido este miércoles.

La organización recordó que la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi ha mantenido históricamente la defensa de su territorio frente a distintas amenazas. Según expuso, la zona ha sido objeto de interés por actividades extractivas y por proyectos vinculados a intereses económicos en los últimos años.

En ese contexto, el comunicado menciona que el territorio habría estado bajo presión de empresas interesadas en la ocupación de las tierras. ECUARUNARI aseguró que una empresa de monocultivo denominada Terraturismo impulsó acciones que derivaron en el proceso de desalojo denunciado.

ECUARUNARI responsabiliza a empresa, Policía y Gobierno

“Responsabilizamos a la empresa Terraturismo, a la Policía Nacional del Ecuador y al Gobierno Nacional por cualquier afectación física, psicológica o material que sufran las familias de la comunidad”, manifestó la organización indígena.

Además de cuestionar el operativo, Ecuarunari sostuvo que cualquier perjuicio derivado de la intervención recaería sobre las instituciones y actores señalados en el comunicado. La organización insistió en que las familias habitan y protegen legítimamente el territorio ancestral.

La confederación también exigió que cesen de manera inmediata las acciones de desalojo. Según indicó, los derechos reconocidos en la Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser respetados durante cualquier procedimiento relacionado con territorios indígenas.

Llamado a organizaciones sociales y de derechos humanos

“Exigimos la inmediata suspensión de las acciones de desalojo y el respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas”, afirmó ECUARUNARI.

La organización realizó además un llamado a movimientos indígenas, colectivos sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía para que permanezcan vigilantes frente a la situación que enfrenta la comunidad de Napo.

En la parte final del comunicado, Ecuarunari reiteró su respaldo a la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi y defendió su derecho a permanecer en el territorio. “La defensa de los territorios ancestrales es la defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de los derechos de los pueblos”, concluyó la organización.