Concejo de Ambato deja en suspenso subsidio para transportistas

La posibilidad de otorgar un alivio económico temporal a los transportistas de Ambato quedó estancada tras la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada la tarde y noche del lunes 8 de junio.

Después de más de dos horas de debate, la propuesta impulsada por la alcaldesa Diana Caiza no alcanzó una resolución y fue suspendida hasta contar con un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre su viabilidad legal.

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La iniciativa nació como parte del acuerdo alcanzado entre el Municipio y los gremios del transporte para poner fin al racionamiento parcial del servicio que se aplicó entre el 1 y el 4 de junio.

Durante esos días, cientos de usuarios debieron reorganizar sus horarios debido a la reducción de frecuencias de los buses urbanos, una medida de presión para exigir la revisión de la tarifa del pasaje, que actualmente se mantiene en 30 centavos.

El proyecto planteaba entregar una compensación mensual de 700 dólares durante seis meses a cada unidad de transporte público. 

Alrededor de dos millones de dólares

Según la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad, el beneficio alcanzaría a 471 unidades: 397 buses urbanos y 74 rurales. La medida representaba una inversión municipal cercana a los 329.700 dólares mensuales y un desembolso total de 1,97 millones de dólares al concluir el periodo.

Durante el debate, la mayoría de los concejales coincidió en que la principal preocupación era la legalidad del mecanismo propuesto. Diego Proaño explicó que sin un criterio vinculante de la Procuraduría General del Estado existía el riesgo de futuras observaciones por parte de los organismos de control.

El edil señaló que los recursos sí existen dentro del presupuesto municipal, pero advirtió que fueron asignados para otro fin. Según explicó, aprobar una transferencia sin suficiente respaldo jurídico podría generar responsabilidades administrativas e incluso legales para quienes intervengan en la decisión.

A las dudas se sumaron las observaciones de la concejal María José López, quien recordó que el transporte público es un servicio prestado por operadores privados y que la normativa vigente establece limitaciones para la entrega de ayudas económicas directas.

Además, 11 de los 13 concejales solicitaron que se priorice la socialización ciudadana de la ordenanza que analiza la revisión tarifaria del transporte público.

Mientras tanto, Manuel Zamora, gerente de los transportistas urbanos, cuestionó la falta de avances en el proceso y recordó que una convocatoria para socializar la ordenanza fue anunciada el 14 de mayo, pero no se concretó.

En la sesión también intervino Manuel Escobar, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Ambato, quien aseguró que muchas operadoras enfrentan dificultades para sostener sus actividades debido al incremento de costos operativos y a que la tarifa no ha sido revisada desde hace más de una década. “Estamos trabajando a pérdida”, manifestó durante su exposición ante el Concejo.

Hasta el cierre de esta edición, los transportistas no habían emitido una resolución oficial sobre las acciones que adoptarán tras la suspensión de la sesión. Tampoco existe una fecha definida para retomar el tratamiento del alivio económico ni para resolver el debate sobre un eventual incremento de la tarifa del pasaje.