Barcos hundidos y pescadores investigados: el costo oculto de la guerra antidrogas
Hasta la fecha se contabiliza el hundimiento de seis embarcaciones. Algunos expertos sostienen que los barcos intervenidos operaban como plataformas logísticas
EE. UU. hundió seis barcos en el Pacífico; pescadores ecuatorianos enfrentan procesos judiciales.
Lo que debes saber
- EE. UU. hundió seis barcos en el Pacífico; pescadores ecuatorianos enfrentan procesos judiciales.
- En 2026, operaciones antidrogas pusieron bajo vigilancia a embarcaciones pesqueras de Ecuador.
- Familias pesqueras cuestionan si los operativos golpean al narco o afectan a inocentes.
La madrugada parecía una más en altamar hasta que las luces aparecieron en el horizonte. Luis Franco, pescador manabita de la embarcación María Candelaria, recuerda que todo ocurrió con rapidez. Hombres armados abordaron el barco, los tripulantes fueron trasladados a una nave guardacostas y luego quedaron incomunicados.
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“No podíamos ver ni escuchar nada. Todo eso nos preocupaba. Pensamos en algún momento que no volveríamos a ver a nuestros familiares. Pensamos lo peor”, relata. Días después, el María Candelaria ya no existía.
La embarcación fue hundida por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, tras ser señalada como una presunta plataforma logística vinculada a Los Choneros. Sus tripulantes regresaron a Ecuador, pero la incertidumbre no terminó.
Ahora enfrentan un proceso judicial, medidas cautelares y una pregunta que divide a expertos, autoridades y comunidades pesqueras: ¿se está golpeando al narcotráfico o a pescadores atrapados en una guerra que no les pertenece?
Seis embarcaciones destruidas en pocas semanas
El hundimiento de embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico ha dejado de ser un hecho aislado. En pocas semanas, al menos seis barcos fueron intervenidos y destruidos por fuerzas estadounidenses durante operaciones antidrogas coordinadas en aguas internacionales.
Las acciones ocurren en medio del fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico marítimo, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para enviar cargamentos de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.
La presión internacional aumentó después de que informes de inteligencia identificaran el Pacífico oriental como una de las principales ‘autopistas’ del narcotráfico mundial. En ese escenario, embarcaciones pesqueras ecuatorianas pasaron a estar bajo especial vigilancia.
Sin embargo, el debate no gira únicamente alrededor de la droga. También involucra derechos humanos, jurisdicción internacional, soberanía y la situación de cientos de familias que dependen de la pesca artesanal e industrial.
Personas reaccionan tras la liberación de los tripulantes de dos embarcaciones, Conquistados y María Clementina, que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses.
La visión de quienes defienden los operativos
Byron Sanmiguel, excomandante de la Marina y especialista en seguridad marítima, sostiene que las intervenciones responden a un trabajo de inteligencia previo y no a operaciones indiscriminadas.
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Según explica, en el Pacífico opera actualmente una estrategia regional integrada por varios países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Como parte de ese esquema se creó recientemente una fuerza de tarea del hemisferio occidental impulsada por Estados Unidos.
Para el oficial en servicio pasivo, la clave está en el papel que cumplen ciertas embarcaciones pesqueras. “La inteligencia identifica barcos que no están realizando actividades normales de pesca. Son plataformas logísticas que suministran combustible a las lanchas rápidas del narcotráfico”, señala.
Los indicios que observan las autoridades
El experto menciona varios elementos que suelen ser considerados indicios por las autoridades:
- Alteraciones estructurales para incrementar la capacidad de almacenamiento de combustible
- Navegación fuera de las zonas autorizadas para faena pesquera,
- Desconexión deliberada de sistemas de monitoreo satelital
- Operaciones junto a varias lanchas que transportan carburante.
Desde su perspectiva, las embarcaciones intervenidas forman parte de una cadena que permite a organizaciones criminales extender el alcance de las llamadas ‘go fast’, las lanchas de alta velocidad utilizadas para transportar cocaína.
“Los marinos sabemos distinguir cuándo una embarcación está pescando y cuándo está dedicada a otra actividad. Hay variables técnicas que permiten identificar comportamientos sospechosos”, argumenta.
Las críticas a la estrategia de Washington
No todos comparten esa visión. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, cuestiona duramente la estrategia impulsada por Washington. Considera que las acciones responden más a una narrativa política que a resultados concretos contra el narcotráfico.
A su juicio, la destrucción de embarcaciones representa una escalada preocupante porque, según afirma, en varios casos no se ha mostrado públicamente evidencia sobre cargamentos de droga encontrados durante las operaciones.
Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático.
“Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático, pero no necesariamente reducen el tráfico internacional”.
Vigil añade que millones de pescadores desarrollan actividades legítimas en la región y advierte sobre el riesgo de que personas ajenas al narcotráfico resulten afectadas por operativos agresivos.
Sus declaraciones reflejan una discusión que también aparece en comunidades pesqueras de Manabí, donde familiares de tripulantes aseguran que los procedimientos realizados en altamar han generado miedo e incertidumbre.
En 2026, operaciones antidrogas pusieron bajo vigilancia a embarcaciones pesqueras de Ecuador.
“Somos pescadores, no delincuentes”
José Mero todavía recuerda el momento en que volvió a abrazar a su familia. “Somos pescadores, no delincuentes”, afirma. La frase resume el sentimiento de varios tripulantes que recuperaron la libertad tras permanecer retenidos y comparecer ante la justicia ecuatoriana.
Aunque fueron liberados, deben cumplir medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades. Su situación jurídica se resolverá en una nueva audiencia prevista para finales de septiembre.
El impacto económico en las comunidades pesqueras
Mientras tanto, las secuelas económicas son evidentes. Cada embarcación hundida representa una inversión de cientos de miles de dólares.
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Detrás de cada nave existen armadores, pescadores, mecánicos, comerciantes de hielo, proveedores de combustible y decenas de familias que dependen de la actividad pesquera.
La preocupación en los puertos ecuatorianos se agravó con la desaparición de los ocho tripulantes del Fiorella, cuyo paradero sigue sin conocerse.
César Pico, dueño de una embarcación pesquera, asegura que existen videos que muestran procedimientos realizados por personal extranjero armado.
Para él, la incertidumbre crece porque muchas familias desconocen qué ocurre exactamente cuando una nave es interceptada lejos del territorio continental.
La delgada línea entre pesca y narcotráfico
Un oficial de la Armada ecuatoriana que participa en tareas de vigilancia marítima y pidió mantener su identidad en reserva sostiene que el problema es más complejo de lo que parece.
Según explica, el narcotráfico ha encontrado en algunas embarcaciones pesqueras una infraestructura ideal para a ampliar sus operaciones en el Pacífico. “Existen barcos que salen a pescar y existen barcos que utilizan la actividad pesquera como fachada. Esa es la dificultad operativa”, admite.
El marino añade que las organizaciones criminales han perfeccionado durante años sus métodos para mezclar actividades legales con operaciones ilícitas.
“Las rutas marítimas son esenciales para el narcotráfico. Muchas veces las embarcaciones no transportan droga. Transportan combustible, víveres o apoyo logístico para otras naves de la red”, explica.
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