Abogado de Villacís niega vínculo con lavado de activos y atentado en Esmeraldas

En el marco de una investigación por presunto lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) determinó que una estructura criminal habría movido alrededor de 15 millones de dólares, lo que derivó en el operativo denominado Blindaje, ejecutado en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha. Como parte de las acciones, ocho personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

De acuerdo con la Policía Nacional, el funcionario sería quien lideraba la red investigada. Sin embargo, tras su traslado a Quito, el burgomaestre rechazó las acusaciones y calificó su detención como una injusticia. Su defensa legal, encabezada por el abogado Gustavo García, se pronunció el jueves 4 de junio de 2026 en el espacio Contacto Directo de Ecuavisa.

Acusaciones sobre reserva de la investigación

El jurista sostuvo que la Fiscalía General del Estado busca justificar el procedimiento mediante el uso desmedido de la reserva judicial. Según explicó, la institución mantuvo el expediente oculto desde el pasado 26 de noviembre por un período de 180 días, solicitando luego una ampliación de 30 días en mayo, la cual seguía vigente hasta el 3 de junio.

Para la defensa, esta falta de acceso oportuno vulneró el derecho a la contradicción. “Hemos quedado en la indefensión", enfatizó García, al señalar que la Fiscalía investigó de manera unilateral durante casi siete meses. Debido a esto, el equipo legal desconocía el contenido de las aproximadamente 5 000 fojas útiles del expediente, enterándose de los cargos específicos recién durante la audiencia de formulación de cargos, la cual se extendió por más de 12 horas hasta la mañana de este jueves.

Cuestionamientos al tipo penal

La imputación fiscal se fundamenta en el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). García argumentó que para configurar este delito es indispensable la existencia de un ilícito precedente y la intención manifiesta de blanquear recursos de origen ilegal. 

“¿Cómo puede ser de origen ilícito un pago que se hizo con orden judicial? Ahí ya tenemos el primer problema”, cuestionó el defensor. Al respecto, aclaró que el dinero surge de dos acciones de protección a favor de cerca de 100 trabajadores de Petroecuador, quienes por vía judicial lograron el pago de $15 millones de dólares.

Justificación de los honorarios de Vicko Villacís

Respecto a la vinculación directa de Villacís, el abogado explicó que una vez que los trabajadores recibieron sus fondos, procedieron a cancelar los honorarios de los profesionales del derecho que los representaron. 

El actual alcalde, en su calidad de abogado en el libre ejercicio en ese momento, percibió sus haberes legítimamente. “De ahí, la distribución del dinero no se ha podido determinar dentro del expediente. Mi defendido no tuvo contacto con ninguno de los jueces ni con los funcionarios judiciales”, aseveró. 

García añadió que, basándose en los indicios presentados, la conducta no se encuadra en el lavado de activos, sugiriendo que la Fiscalía confunde un acuerdo legítimo entre privados con un acto delictivo.

Falta de peritajes técnicos y origen del patrimonio

El defensor confirmó además que uno de los detenidos es medio hermano del alcalde, a quien Villacís le realizó una transferencia bancaria tras haber facturado y cobrado sus honorarios profesionales; un movimiento que, aseguró, se justificará plenamente durante la instrucción fiscal. 

Asimismo, criticó que la Fiscalía no haya incorporado pericias financieras, técnicas, societarias o tributarias que demuestren de forma científica la trazabilidad del dinero, basándose únicamente en informes unilaterales. 

Finalmente, aclaró que el millón de dólares registrado en las cuentas del funcionario proviene de las utilidades de su empresa de comercialización de mariscos, negocio en el cual invirtió los honorarios ganados como abogado.

Desvinculación de otros incidentes y presunta motivación política

De forma tajante, García descartó cualquier relación de su cliente con el reciente incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas, asegurando que no existen indicios, conjeturas ni mensajes de texto reales dentro del proceso que lo vinculen con dicho evento. 

El abogado concluyó señalando que, ante la aparente falta de sustento técnico y elementos de convicción en la acusación, el caso podría responder a otros intereses. “Posiblemente la política, pero de eso no me toca hablar porque soy abogado, no político”, puntualizó.