La sostenibilidad: Un sello que exige el mercado externo a la oferta ecuatoriana

Las certificaciones de sostenibilidad dejaron de ser un simple diferenciador y hoy son, en mercados como el europeo, una exigencia para exportar. En Ecuador ese giro se acelera desde 2020, justo cuando el país abre nuevos destinos, como Emiratos Árabes Unidos y China. Costos, reconocimiento entre mercados y normativa son los desafíos que advierten expertos y la Cepal.

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Hace 10 o 15 años las iniciativas de sostenibilidad en el comercio eran “muy tibias”, recordó José Franco, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Él y Antonio León, investigador de la Universidad San Francisco de Quito, coinciden en que el auge llegó posterior a la pandemia de COVID-19, puesto que al reabrirse los mercados hubo que innovar y el consumidor empezó a pedir sostenibilidad verificada por un auditor externo.

La oferta agrícola orgánica de Ecuador lleva la batuta en materia de producción con certificaciones verdes, y las cifras lo respaldan. En 2024, las exportaciones orgánicas alcanzaron los $621 millones, equivalentes al 2,5 % de las exportaciones no petroleras, y generaron empleo directo para 54.063 personas, según datos del Ministerio de Agricultura.

El liderazgo ecuatoriano también se refleja en el mercado europeo. Un informe de la Comisión Europea, publicado en junio de 2026, señala que el país fue, en 2025, el principal exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea, con un crecimiento del 10 % respecto de 2024. Este aumento estuvo impulsado, por el incremento de los envíos de banano orgánico.

Mientras que una mirada más amplia sobre este tipo de certificaciones en el país la ofrece un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado en 2023 con datos de 2022, que ubicó a Ecuador en el séptimo lugar de América Latina y el Caribe en el ranking de presencia de certificaciones de Standards Map, una base de datos mundial sobre estándares voluntarios de sostenibilidad. En 2020, Ecuador ocupaba el octavo puesto. Para 2022, registraba 99 normas voluntarias de sostenibilidad en la base analizada, con un puntaje de adopción de 30,65.

¿Qué rol tienen las certificaciones verdes en nuevos mercados?

León advierte que en mercados recién abiertos, como Emiratos Árabes Unidos o China, lo primero es llegar con un producto de calidad; las certificaciones vienen detrás, “aunque quien ya las tiene llega mejor posicionado”. Franco añade que Asia y otros destinos no presionan con la fuerza de Europa, pero cada país fija sus requisitos técnicos, permitidos por la Organización Mundial del Comercio: Corea, Japón o Arabia Saudita exigen certificaciones obligatorias de calidad, seguridad y ambiente. Y las voluntarias, como orgánica o comercio justo, tienden a volverse obligatorias, como pasó con la ISO 9001.

La Cámara de Comercio de Guayaquil coincide en que estas certificaciones favorecen el ingreso a algunos mercados, especialmente aquellos en los que priman la trazabilidad y las garantías ambientales, y contribuyen a hacer más competitivo el producto.

“Las certificaciones de sostenibilidad facilitan, en muchos casos, el acceso a mercados exigentes como el europeo, que pide más trazabilidad y garantías ambientales”.
Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil

En el mercado interno, Adelca también ilustra ese giro: su varilla sismorresistente, producida en Milagro, cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus sigla en inglés) verificada, y la empresa busca extender ese camino a sus productos más recientes.

Jhoanna García, directora de gestión de la consultora ambiental de Vantra, explicó que el estudio usó un análisis de ciclo de vida con datos reales de producción y chatarra 100% reciclada. El resultado: unos 370 kg de CO2 equivalente por tonelada de acero, cerca de 83% menos que el referente mundial (unos 2.170 kg). Destacó que el trabajo se hizo con datos ecuatorianos, algo que antes obligaba a recurrir a bases internacionales. Las mediciones fueron también revisadas por expertos en Suiza.

Durante el recorrido por las instalaciones, Nicolás Valle, gerente de Producción de Laminados en Adelca, explicó que el análisis tomó un año y se realizó sobre un historial de casi una década de producción, lo que permite garantizar la trazabilidad. Los productos con menos de un año en el mercado, aún necesitan acumular historial.

Cada mercado pide su sello

La Cepal advierte que la proliferación de certificaciones, más de 600 en el mundo, genera confusión y obliga a sumar sellos muy parecidos que solo difieren en el mercado que los acepta.

Franco lo ve en la práctica: Estados Unidos exige una certificación y Europa otra, sin homologación entre ambas. Propone llevar el tema a las reuniones de la Comunidad Andina con la Unión Europea y aspirar a una norma orgánica reconocida tanto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como por Europa. Para ello, el Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible, que reúne a ministerios, Agrocalidad y sector privado, podría llevar esa propuesta a las negociaciones. La Cepal cita un precedente: el acuerdo Chile-UE, que permite vender productos orgánicos y de comercio justo chilenos en Europa sin certificarse de nuevo.

Para Franco adaptarse a certificaciones que antes eran voluntarias y hoy obligatorias es un "esfuerzo triple": universidades, sector privado y sector público deben trabajar de la mano. Por ello, en la academia ya se incluyen módulos sobre requerimientos de sostenibilidad y trazabilidad, para que las empresas ecuatorianas compitan en condiciones similares a las de otros países. Esa alianza, añadió, es clave para enfrentar un reto que, hasta ahora, "está cayendo en nuestras espaldas".

Asociarse para reducir los costos de certificación

Franco calcula que una Global G.A.P., con auditoría y sin contar el requisito de cero deforestación, cuesta entre $5.000 y $8.000, y se pregunta quién lo cubre cuando hay productores con hectareajes pequeños. 

Por su parte, León añade que el pago de certificaciones es anual y trae auditorías y mejoras, por lo que el pequeño productor lo ve como gasto; su salida es agremiarse, y comprar insumos en conjunto también abarata costos.

Normativa y corresponsabilidad

Ecuador ya tiene reglamentos técnicos obligatorios para exportar, alineados con normas internacionales y homologados en la CAN, sostuvo Franco. En lo ambiental destaca el sistema Guía de Agrocalidad, que georreferencia lotes para demostrar que no hubo deforestación desde 2020, con el programa “Mi finca, mi huella” para unos 100.000 productores de cacao y café. A su juicio, "ya es un bien público que debe fortalecerse". Pide además incentivos estatales (financiamiento, cofinanciamiento, créditos blandos y subsidios) y corresponsabilidad de Europa con cooperación técnica para asesorías y recursos.

No obstante, Franco también teme que los requisitos se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio y que el mercado no pague el esfuerzo: citó una nota reciente sobre banano orgánico en Europa, donde las grandes cadenas no reconocerían ese valor. La Cepal igualmente recoge que pocos mercados pagan un sobreprecio que justifique la inversión.

Aun así hay beneficios. Jorge Josse, director ejecutivo de Asociación de Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador, afirma que todas las empresas de balanceados tienen procesos de certificación desde hace unos tres años: “no es prioridad, pero generan ahorros en empaques, combustibles e insumos, y más orden en los procesos”. León suma el acceso a créditos de organismos multilaterales y a capacitaciones gratuitas.