Nueva reestructuración del Estado en Ecuador representaría un ahorro de $5 millones, según la CIP

El ahorro derivado de la reciente reestructuración del Estado anunciada por el presidente Daniel Noboa, que busca reducir los ministerios de 14 a 10 representaría un ahorro de $5 millones, informó la Cámara de Industrias y Producción (CIP). Este dato responde a que tras la fusión se produciría la desvinculación de alrededor de 100 cargos públicos, de una nómina total del Gobierno central que supera los 494.000 funcionarios públicos.

Esta observación surge tras la expedición de los decretos ejecutivos 425, 426 y 427, emitidos el 18 de junio de 2026, que dispuso la fusión de ocho entidades públicas para crear tres carteras de Estado: el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología y el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano.

Para exponer su postura la CIP envió el 19 de junio pasado una carta al presidente Noboa. En la misiva el gremio empresarial expresó su respaldo al objetivo de construir un Estado más eficiente y sostenible fiscalmente. Sin embargo, señaló que la reorganización institucional debe estar acompañada por una agenda de mejora regulatoria y modernización administrativa para generar resultados concretos.

"La experiencia nacional e internacional muestra que el impacto de una reorganización institucional depende del rediseño de procesos, la simplificación normativa, la interoperabilidad y la continuidad de los servicios", sostiene la CIP.

Un ahorro marginal frente al tamaño del Estado

Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta a los beneficios económicos esperados de la reforma.

Según la presentación elaborada por la organización, la reestructuración eliminaría aproximadamente 100 cargos jerárquicos. Esto representaría un ahorro cercano a $5 millones al año frente a una nómina estatal que ronda los $10.000 millones anuales.

Así, el ahorro equivaldría a apenas el 0,05 % del gasto total en remuneraciones del sector público.

La CIP recuerda además que entre 2025 y mayo de 2026 el número de funcionarios públicos aumentó en alrededor de 5.000 personas. Por ello, considera que la discusión sobre la eficiencia estatal no debería centrarse únicamente en la eliminación de cargos o en la reducción del número de ministerios.

"El éxito no se mide por cuántas instituciones desaparecen, sino por cuánto mejora la vida del ciudadano y la capacidad de producir", señala el documento.

Riesgo de concentración de funciones

Otra de las preocupaciones del sector empresarial se relaciona con la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que integra competencias que actualmente están distribuidas entre Economía y Finanzas, Producción y Agricultura.

La CIP considera que la nueva estructura podría concentrar funciones relacionadas con la formulación presupuestaria, la asignación de recursos y la ejecución de políticas productivas, lo que podría generar conflictos entre las tareas de rectoría, ejecución y evaluación.

A criterio del gremio, la política fiscal y la política de fomento productivo responden a objetivos distintos. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas está orientado a la sostenibilidad fiscal, el financiamiento y la administración de recursos públicos, las áreas de producción, comercio exterior, inversiones y agricultura requieren una lógica enfocada en competitividad, innovación, apertura de mercados y acompañamiento sectorial.

Por ello, la organización plantea mantener una separación funcional clara entre ambas agendas para evitar que las prioridades fiscales terminen desplazando los objetivos de crecimiento económico y desarrollo productivo.

Menos contrapesos en la toma de decisiones

La CIP también advierte que la fusión podría reducir los espacios de deliberación entre instituciones que actualmente participan en la formulación de políticas públicas.

Como ejemplo menciona al Comité de Comercio Exterior (Comex), donde hoy confluyen distintas entidades del Ejecutivo con competencias específicas. Según el sector industrial, al concentrarse varias de esas funciones dentro de un mismo ministerio existiría el riesgo de disminuir los contrapesos técnicos y la pluralidad de criterios en la toma de decisiones.

"La rectoría no es únicamente una función administrativa; también es una función política y estratégica ante otros ministerios, la ciudadanía, los sectores productivos y la comunidad internacional", sostiene el análisis.

La agenda digital podría perder protagonismo

Otra de las alertas planteadas por la CIP se refiere a la creación del Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

El gremio considera que existe el riesgo de que la agenda digital quede subordinada a las prioridades de infraestructura física y obra pública debido a las diferencias de tamaño entre las entidades que serán fusionadas.

Según las cifras presentadas por la organización, el actual Ministerio de Infraestructura y Transporte cuenta con 2.116 funcionarios, mientras que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene 193. Esto significa que la primera entidad es aproximadamente 11 veces más grande que la segunda.

La preocupación del sector privado es que temas considerados estratégicos para la competitividad del país -como conectividad, ciberseguridad, interoperabilidad, identidad digital, firma electrónica y digitalización de servicios públicos- pierdan relevancia dentro de la nueva estructura institucional.

El costo de los trámites

Más allá de la discusión sobre la estructura estatal, la CIP sostiene que la principal fuente de ineficiencia del sector público sigue siendo la burocracia.

Según el gremio, las demoras en permisos, licencias y trámites generan un costo equivalente a cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB). Este impacto se traduce en inversiones retrasadas, exportaciones afectadas, mayores costos para las empresas y una menor competitividad de la economía ecuatoriana.

Por ello, entre las propuestas planteadas al Ejecutivo constan la masificación de la firma electrónica, la interoperabilidad entre instituciones, la publicación de indicadores de desempeño, la estandarización de requisitos, la aplicación de análisis de impacto regulatorio y la reactivación de la Ventanilla Única de Inversiones.