La mayor terminal de graneles de Ecuador cambiará de manos tras casi 3 décadas de concesión

Casi tres décadas después, la mayor terminal portuaria de graneles de Ecuador está por iniciar un nuevo capítulo en su historia operativa. Andipuerto, tras 28 años de operaciones, está por concluir su periodo de concesión, un proceso que ha dado paso al Gobierno para, con apoyo del BID, encaminar un nuevo modelo de delegación mediante una Alianza Público-Privada (APP), que permita potenciar el crecimiento futuro de esta terminal.

No se trata de cualquier centro portuario. Según cifras de la Subsecretaría de Puertos, el Terminal Granelero y Multipropósito (TGM), con la ayuda de un solo muelle, logró alcanzar en 2025 cifras récord al movilizar 2,9 millones de toneladas métricas de graneles secos (industriales y alimenticios como trigo, maíz y soya), alcanzando así una participación del 22 % dentro de la carga total movilizada por concesionarios, después de DP World (37 %) y Contecon (41 %).

“Es, en sí, el puerto de graneles más importante del Ecuador porque conceptualmente está muy ligado a la idea de la soberanía alimentaria del país. Por esta terminal entra, por ejemplo, el alimento que impulsa a una de las industrias más importantes del país, como es el sector camaronero”, puntualiza Pablo Morales, consultor de la delegación de Andipuerto.

El modelo de delegación, previsto para los próximos 30 años, se ejecutará a través de una Alianza Público-Privada (APP), esquema que permite a una empresa privada, nacional o extranjera, operar activos del Estado e invertir su propio capital, bajo sus propios riesgos. El proceso ya culminó su etapa de estructuración, con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y consultores internacionales, y avanza hacia una fase de licitación para su adjudicación, prevista entre diciembre y enero del próximo año.

Mientras transcurre este proceso, la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), propietaria estatal del TGM, deberá definir si extiende o no la prórroga de concesión de Andipuerto, que vencerá el próximo 26 de noviembre. Esto, dice Morales, debería contemplar también los plazos de transición requeridos para garantizar la operatividad de la terminal, de forma ininterrumpida y con los mismos niveles de calidad y eficiencia, hasta que una nueva delegación asuma su control.

“Se prevé que este concurso de licitación tome cinco meses; por tanto, se espera que entre junio y julio ya se tenga un adjudicatario. Con ese adjudicatario entraría un proceso de transición de aproximadamente seis meses, durante los cuales el nuevo operador realizará las inversiones necesarias para asumir un negocio en marcha: su propio equipamiento, personal, hojas de ruta y, en fin, todo el componente logístico. Por ello, se espera que en los primeros meses de 2028 ya esté operando el nuevo concesionario”, explica Morales.

EXPRESO solicitó una entrevista a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Fluvial para conocer más detalles del proceso de delegación, pero aún espera una respuesta. No obstante, el funcionario, en declaraciones a la revista Forbes, adelantó que el estudio de prefactibilidad demanda una inversión aproximada de $ 220,20 millones, que se canalizarían en dos fases. La primera (61 %) estaría destinada a infraestructura portuaria, construcción de muelles, transporte vial, dragado, rellenos, movimiento de suelos y equipamiento. La segunda se enfocaría en ampliar la capacidad.

Salida de Andipuerto, en cifras

Andipuerto concluye esta etapa de concesión con $ 27 millones en inversiones obligatorias, adicionales y de mantenimiento, pero también con la expectativa de seguir participando en el nuevo modelo de delegación.

“Obviamente hay interés en participar, pero todavía no existen las bases del concurso... Va a depender mucho del modelo de negocio, de cómo vea el Estado, digamos, el futuro de esta terminal”, dijo Morales.

Alianzas Públicas y Privadas (APP): Mirar a Perú como modelo

En los últimos meses, el BID y otros organismos internacionales, como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Banco Mundial, han abierto una serie de procesos de estructuración con el fin de adjudicar proyectos que permanecían absolutamente estancados. Esto, sin que le cueste al Estado. El TGM, dice el experto en inversiones Marcelo Bodero, es uno de ellos. Y de este grupo, al menos 13 iniciativas estarían a la espera de desarrollarse bajo un modelo APP.

Bodero destaca la labor del Gobierno en ese sentido. Recurrir a las Alianzas Público-Privadas (APP), sostiene, significa dar oxígeno financiero al Estado ecuatoriano que, con un alto déficit fiscal, se ve obligado a mantener obras públicas en abandono.

“Si Ecuador no tiene recursos para hacer estudios, lo que hay que privilegiar es que alguien aporte capital para esos estudios y la estructuración, con el fin de adjudicarlos posteriormente. ¿Y cómo no va a ser bueno que llegue inversión extranjera? Porque eso es inversión extranjera directa”. Distinto sería, agrega, “si se adjudican proyectos a una compañía de tercer nivel o a un grupo como Progen”.

Bodero también habla de la necesidad de seguir adoptando este modelo de ejecución de obras como una política de Estado. Pone como ejemplo a Perú, donde cada año se adjudican obras estatales a privados por más de $ 10.000 millones.

“¿Usted sabe lo que significaría para Ecuador tener, no le digo 10.000, sino 5.000 millones? Y, ojo, Ecuador, proporcionalmente hablando, es mucho más grande que Perú en activos públicos, porque nuestra Constitución de 2008 fue diseñada bajo el socialismo del siglo XXI, lo que hace que prácticamente todo sea público”.