El FMI anticipa en revisión más ajustes tributarios para este 2026 en Ecuador

El ajuste de cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno anunció a inicios de este mes para alimentos procesados bien podría ser parte de un gran paquete de reformas tributarias que alista con fines recaudatorios y que apenas comienza. El FMI, en la revisión de su quinto informe, en el marco del programa de financiamiento que tiene con Ecuador, ha sugerido continuar con la racionalización de los gastos tributarios. ¿La meta? Alcanzar ingresos del 1,2 % del PIB, es decir, cerca de $ 1.658 millones.

En los resultados de la quinta revisión, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 22 de abril, se señala que el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, “debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y el costo de las medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel”. No obstante, pese al incumplimiento, reconoce que el Gobierno ha tomado acciones correctivas inmediatas, como la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Si bien esto ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes para alcanzar la meta de ingresos se seguirían dando vía la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito para cumplir con las obligaciones tributarias.

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Analista económico

“Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios”, dijo Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, quien considera que esta política no pasará por una reforma tributaria, sino a través de decretos ejecutivos o de regulaciones, como se ha venido haciendo.

Hay que repartir la carga fiscal 

Mosquera señaló que todas estas medidas ayudarán a cerrar la brecha y corregir el déficit fiscal, que el año pasado terminó en $ 5.584 millones. No obstante, sugiere al Gobierno medir los impactos colaterales de estas medidas y encontrar mecanismos para repartir esta carga. “Lo que debería preocuparnos como país es la generación de empleo, la creación de empresas para que haya más empleados formales, que se siga reduciendo la informalidad y que la carga fiscal recaiga sobre un espectro más amplio de personas”, dijo.

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de $ 5.000 millones a cuatro años. Para medir su continuidad, el organismo debe realizar revisiones constantes; esta quinta revisión permitió que el pasado 23 de abril se aprobara un nuevo desembolso de $ 394 millones para el país.

Guerra de Irán y tensiones con Colombia

No obstante, en este documento el organismo advierte sobre factores externos que podrían minar la ruta de crecimiento económico, que junto al Banco Mundial ha proyectado en un 2,5 % para este año. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, lo que, si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), también podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador. Por otro lado, cita la pugna arancelaria que el país tiene con Colombia, que podría seguir impactando el comercio bilateral y afectar el suministro energético.

Menos gastos y más financiamiento 

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), sostiene que en escenarios como estos será difícil alcanzar la meta de déficit de $ 3.090 millones, establecida en el acuerdo para finales de este año. “Dentro de los ingresos que se prevén este año, los impuestos tendrían el 0,8 % del PIB, es decir, $ 1.106 millones que vendrían de las reformas tributarias que el Gobierno ya está implementando y de lo que podría venir. Además, se habla de lograr menores gastos fiscales por $ 829 millones. Pero habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios, con casi $ 600 millones”.

En el acuerdo, lo que se recomienda -cita Carrera- “es tratar de suprimir algunos contratos, no celebrar malos contratos, tal vez optar por nombramientos provisionales; es decir, ver acciones que reduzcan la masa salarial pública del pago de sueldos, lo que sugiere nuevos despidos en el sector público”.

A estas dificultades, menciona el experto, hay que sumar los retos financieros. Aun si se redujese el déficit a $ 3.090 millones este año, el país tiene $ 14.000 millones de necesidad de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, recursos que aún no se sabe cómo se conseguirán.

Sobre este acuerdo de financiamiento