¿Ecuador deberá devolver lo cobrado por la tasa de seguridad? Esto dice la CAN

El anuncio de Colombia del pasado miércoles, de eliminar los aranceles que impuso a Ecuador, puso fin a una disputa comercial que se extendió por tres meses. Sin embargo, todavía queda una interrogante sin resolver: ¿qué ocurrirá con los millones de dólares que ambos países recaudaron a través de medidas que posteriormente fueron calificadas por la Comunidad Andina (CAN) como contrarias a la normativa regional?

La inquietud surge luego de que la Secretaría General de la CAN determinara que la denominada tasa de seguridad aplicada por Ecuador, desde febrero, constituía un gravamen que vulneraba las reglas del mercado andino.

¿Qué dijo la CAN sobre la devolución de los recursos cobrados?

Durante una visita a Ecuador, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, fue consultado sobre la posibilidad de que los recursos recaudados sean devueltos a los afectados. No obstante, su respuesta fue clara. La CAN no emitirá ningún pronunciamiento sobre ese aspecto porque no tiene competencia para hacerlo.

"Nosotros no tenemos regulación sobre esa materia", señaló Gutiérrez. Agregó que serán "los operadores nacionales, las normas nacionales, los jueces nacionales, las autoridades de cada país, los que tendrán que decidir sobre esa materia".

Con ello, el organismo andino dejó en manos de cada Estado y de sus sistemas judiciales la resolución de los posibles reclamos relacionados con los pagos realizados bajo esta medida. No obstante, Ecuador ya ha manifestado que no devolverá los aproximadamente 121 millones de dólares recaudados durante los tres meses en los que estuvo vigente.

Esa posición ha sido cuestionada por especialistas en comercio exterior y derecho tributario.

Para Daniel Legarda, exministro de Producción, la postura oficial entra en conflicto con el ordenamiento jurídico andino. Según explicó, la normativa comunitaria tiene prevalencia sobre las disposiciones nacionales y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio para los países miembros. 

"Cuando se declara que una medida es ilegal, los recursos recabados están sujetos a devolución", sostuvo.

La justicia ecuatoriana ya tiene antecedentes sobre casos similares

Quienes defienden la devolución de los recursos también recuerdan que existen precedentes judiciales en Ecuador.

Casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales. En 2024, la Corte Nacional de Justicia ordenó la devolución de salvaguardias que previamente habían sido declaradas ilegales. 

El abogado Roberto Carmigniani recordó días atrás a EXPRESO que la legislación ecuatoriana también contempla mecanismos para la restitución de tributos cobrados indebidamente.

Según explicó, el artículo 122 del Código Tributario dispone que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado debe devolver los valores percibidos junto con los intereses correspondientes.

¿Cómo pueden reclamar los importadores afectados?

De acuerdo con Carmigniani, los importadores que pagaron la tasa de seguridad deben presentar un reclamo administrativo de pago indebido ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Para iniciar el trámite únicamente se requiere la declaración aduanera de importación. El proceso administrativo suele tardar entre tres y cuatro meses y concluye con una resolución oficial.

Si la solicitud es rechazada, los afectados pueden acudir a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario para impugnar la decisión. En esa instancia, los procesos podrían extenderse entre dos y tres años.

En Colombia llaman a los empresarios a reclamar

Olivia Diazgranados, directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana,  cree que la iniciativa debe partir de cada empresa perjudicada.

La dirigente gremial recomendó a los empresarios activar las vías legales disponibles, ya sea mediante acciones ante el Tribunal Andino de Justicia o a través de procesos contencioso-administrativos en sus respectivos países.

Aunque reconoció que algunas compañías mantienen reservas por temor a eventuales represalias comerciales, advirtió que no reclamar podría generar un precedente perjudicial para el sector privado.

A su criterio, permitir que las medidas declaradas ilegales queden sin consecuencias podría abrir la puerta a nuevas decisiones arbitrarias por parte de los gobiernos en el futuro.