La finalidad de la pena
Se cuestiona que la rehabilitación sea la única finalidad del sistema penitenciario y plantea endurecer las reglas para quienes representan una amenaza grave

El debate sobre la rehabilitación de las personas privadas de libertad vuelve a poner bajo análisis el sistema penitenciario ecuatoriano.
En el derecho penal, como en todo ámbito de conocimiento, existen tendencias que por épocas se toman como verdades incuestionables, pero resultan ser no más que ideas en desarrollo. Una de ellas tiene que ver con la pregunta de qué se busca con la pena impuesta a un delincuente. Recuerdo a un profesor que reseñaba con suficiencia y orgullo cómo habíamos dejado de ser sociedades que castigan para convertirnos en sociedades que corrigen. La cárcel debía ser, a su criterio, el lugar madre de las segundas oportunidades.
La realidad frente a la teoría
La Constituyente de Montecristi también la concibió así. Y, como en todo lo que marcaba la actuación política de quienes tenían el poder en ese momento, no dejaron espacio para la crítica, corrección o evolución. Definieron el sistema penitenciario como aquel cuya única finalidad es la rehabilitación integral y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Lo que no entendieron los filósofos de cafetín que importaron al Ecuador el texto constitucional es que las ideologías no son absolutas, que a toda teoría se la contrasta con la realidad y, sobre todo, que la biología y la naturaleza humana están marcadas por condiciones muchísimo más complejas que el deber ser teórico.
¿Quiénes pueden ser rehabilitados?
Lo cierto es que no todo delincuente es rehabilitable, ni todo ser humano conserva su dignidad. La perversión del espíritu de algunos requiere un tratamiento distinto, diametralmente opuesto a la esperanza de salvación. Aislar a quienes desprecian la vida, la integridad de niños o la esencia misma de la convivencia ciudadana no sólo debe ser una opción sino una obligación estatal. Diferenciar entre el tipo de delitos que merecen el esfuerzo de reintegración de aquellos que ponen en peligro los cimientos de la democracia es la manera en la cual las estructuras mafiosas han podido ser combatidas con éxito, desde el ejemplo reciente de El Salvador hasta el caso icónico de Italia. Nuevas reglas para quienes no respetan el pacto social, más duras, inflexibles.
Se requiere un ajuste, desde la misma Constitución, sin tibieza ni lirismo, con una sola cosa en mente: la protección de quienes queremos vivir libres y en paz.