Especialización judicial
El crimen organizado exige jueces capacitados y protegidos; eliminar las unidades judiciales especializadas arriesga la justicia en Ecuador
La justicia especializada es un mandato constitucional, creada precisamente para atender causas complejas, con operaciones financieras sofisticadas que demandan cooperación internacional.
En Ecuador, cada día se batalla arduamente contra el crimen organizado. La tarea es difícil y compleja, por ello todos debemos arremangarnos contra este flagelo que nos azota ferozmente y sin piedad.
Las organizaciones criminales organizadas son capaces de corromper, intimidar y penetrar en instituciones, como se evidenció en el caso Metástasis. Ante ese escenario, cualquier cambio en el proceso judicial de los casos relacionados con el crimen organizado y la corrupción merece ser efectuado con suficiente detenimiento y análisis.
Política
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La supresión de las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado y la transferencia de sus competencias a otras judicaturas penales es un tema que preocupa, pues la justicia especializada es un mandato constitucional, creada precisamente para atender causas no ordinarias y complejas, con operaciones financieras sofisticadas que demandan cooperación internacional, junto con los riesgos que ello conlleva por la delicadeza de los casos. Formar operadores que estén a la altura de estas dinámicas requiere un proceso prolongado.
El nuevo esquema amplía el universo de jueces habilitados para conocer las causas de corrupción y crimen organizado; sin embargo, no prevalece la especialización, pues no todas las causas penales se miden con la misma regla: no es lo mismo un expediente de lavado de activos que uno de hurto.
Los desafíos consisten en brindar seguridad y preservar la independencia de los jueces que juzgarán al crimen organizado, pues enfrentarán presiones, amenazas e intentos de interferencia, por lo que extender estas competencias a un universo más amplio de jueces no fortalece estos temas medulares.
Cincuenta jueces sin especialización no son necesariamente mejores que 19 especializados. Si había irregularidades individuales, debieron investigarse y sancionarse, pero corregirlas eliminando a toda la unidad no resulta ni práctico ni efectivo.
Frente a un crimen organizado cada vez más sofisticado y con mayores recursos económicos, la especialización judicial es una garantía para la sociedad.
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