Coactivas: qué son y cómo pueden defenderse los ciudadanos ante cobros del Estado

Recibir una notificación de coactiva suele generar preocupación y confusión. Muchas personas desconocen qué significa este procedimiento, quién puede aplicarlo y qué alternativas existen para evitar embargos o enfrentar cobros elevados.

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El abogado Mario Servigón, vocero de Servigón Lawyer, explicó a Diario EXPRESO que la coactiva es un mecanismo de cobro utilizado históricamente por el Estado para recuperar obligaciones pendientes, principalmente impuestos, tasas o deudas con instituciones públicas.

Con el paso del tiempo, señaló, el procedimiento evolucionó hasta convertirse en un proceso administrativo especializado de recuperación de cartera.

¿Quiénes pueden aplicar una coactiva?

Según el jurista, únicamente las instituciones públicas y ciertas entidades autorizadas pueden iniciar este tipo de procesos. Entre ellas están municipios, prefecturas, empresas públicas, instituciones financieras estatales y algunas entidades en liquidación.

Mencionó que empresas como CNT, CNEL, el Banco del Pacífico, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como cooperativas y bancos en liquidación, pueden ejercer jurisdicción coactiva.

También aclaró que los bancos privados o casas comerciales comunes no tienen autorización para iniciar coactivas. “Un banco privado no puede simplemente decirle a una persona que le iniciará una coactiva, porque no tiene esa potestad”, explicó.

Los tiempos son cortos

Uno de los principales problemas, según el abogado, es que muchos ciudadanos ignoran las notificaciones o no entienden la gravedad del procedimiento.

Indicó que el Código Orgánico Administrativo establece dos etapas principales: el requerimiento de pago voluntario y la fase de ejecución.

En la primera etapa, el ciudadano dispone de apenas 10 días para responder o ejercer su defensa. Después de ese plazo, el proceso puede avanzar hacia medidas cautelares, embargos de cuentas e incluso remates de bienes.

Por ello, recomendó actuar de inmediato y buscar asesoría legal especializada.

¿Qué opciones tiene el ciudadano?

Servigón explicó que existen distintas vías para enfrentar una coactiva, dependiendo del caso.

Una de ellas es el convenio de pago, que permite negociar la deuda incluso cuando el proceso ya se encuentra en ejecución. Sin embargo, advirtió que mientras más avanzada esté la coactiva, mayores serán las restricciones y medidas cautelares contra el deudor.

Otra posibilidad es presentar acciones judiciales o constitucionales cuando existan vulneraciones al debido proceso o al derecho a la defensa.

La prescripción también puede aplicarse

El especialista indicó que muchas obligaciones pueden prescribir si se cumplen determinados requisitos legales.

En términos generales, las coactivas prescriben en cinco años, aunque algunas relacionadas con banca cerrada o procesos derivados del feriado bancario pueden extenderse hasta 10 años.

Para que opere la prescripción, explicó, el ciudadano no debe haber sido citado formalmente dentro del proceso y tampoco debe haber realizado convenios de pago o abonos que interrumpan el tiempo legal.

Además, aclaró que llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos no equivalen a una citación formal.

“Muchas personas acuden directamente a la institución y firman documentos sin asesoría. Ahí es cuando terminan siendo dadas por citadas sin saberlo”, advirtió.

Buscar asesoría antes de actuar

El abogado insistió en que cada expediente es distinto y debe revisarse de manera individual. Por eso recomendó que las personas busquen orientación legal antes de responder a cualquier requerimiento o firmar documentos relacionados con una coactiva.

“Existen alternativas legales para resolver estos procesos, pero es importante actuar a tiempo”, concluyó.