“El Estado violentó derechos en las protestas de octubre de 2019”

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“El Estado violentó derechos en las protestas de octubre de 2019”

Informe de la Comisión de la Verdad responsabiliza al Gobierno de Moreno.  Recomienda reparaciones para las víctimas

FOTO PROTESTAS DE OCTUBRE DE 2019
El edificio de la Contraloría, en Quito, fue tomado e incendiado por turbas violentas durante las manifestaciones de octubre de 2019.ARCHIVO EXPRESO

Durante los días del paro nacional de octubre de 2019, los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza que causaron serios, y en algunos casos, irreversibles daños a civiles. Es una de las conclusiones del informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos que ocurrieron en el país durante las movilizaciones de ese año.

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No hubo reacciones inmediatas por parte de las autoridades del Gobierno respecto del documento de 272 páginas, que fue presentado ayer por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

El informe concluye que el Estado ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal”, actos que, según la Comisión, tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.

Menciona también el reporte que el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y “con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países”.

De 519 testimonios recogidos, la Comisión identificó 249 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetradas, refiere el informe, por elementos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Durante los días del paro nacional seis personas murieron de forma violenta y “existirían indicios de que se trataría de ejecuciones extrajudiciales”, según información recabada por la Comisión.

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En el informe se recomienda que el Estado debe remover obstáculos para judicializar las violaciones de los derechos humanos, así como garantizar el derecho a la protesta, restituir a las víctimas en sus derechos o compensarlas por los perjuicios sufridos, y ofrecer disculpas públicas.

El Defensor del Pueblo dijo que realizará el acompañamiento para los procesos de justicia y reparación de las víctimas. “Entregaré este informe a la Fiscalía para que inicie la investigación y el correspondiente enjuiciamiento a las autoridades del Estado responsables”, agregó Carrión.

EXPRESO pidió un pronunciamiento a María Paula Romo, ministra de Gobierno cuando acontecieron los hechos denunciados. La exfuncionaria indicó que iba a revisar el informe antes de emitir un comentario.

Gabriel Martínez, actual titular de esa cartera de Estado, y en ese entonces ministro de Obras Públicas, manifestó ayer que el informe entrega una visión sesgada de los hechos y que no representa la realidad de lo que sucedió en octubre de 2019.

"No se habla del secuestro a policías, abuso a policías mujeres, incendio a la Contraloría, afectados de negocios privados. Hay que recordar los hechos como fueron: protestas, violencia con fines políticos y de desestabilización", subrayó. 

Sostuvo el funcionario que  la Policía actuó "para proteger y restablecer el orden para el resto de ecuatorianos que queríamos hacer la vida normal". 

LA CIFRA

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192 testimonios de policías, que dijeron haber sido afectados por civiles, también recoge el informe.

DETALLES

La Comisión

Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas son los integrantes de la Comisión que elaboró el informe, y que contó con el apoyo de al menos 30 personas. El trabajo empezó el 21 de noviembre del 2019.

Sucesos

Las protestas de 3 al 16 de octubre de 2019, que desembocaron en desmanes y actos violentos, se dieron para exigir al Gobierno que derogara un decreto que liberaba el precio del diésel y de la gasolina extra.