Una sentencia, un llamado a juicio, procesos anulados, una ratificación de inocencia y ningún detenido. Ese es el panorama un año después de la protesta de octubre de 2019 que inició con la paralización de los taxistas, siguió con los trabajadores y continuó con los indígenas que se tomaron Quito.

El asambleísta Yoffre Poma y otros fueron sentenciados por paralización de servicios públicos en la Amazonía por la toma de unas instalaciones que habrían dejado casi dos millones en pérdidas.

En un proceso que se ha llevado en reserva, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y dos sospechosos de rebelión fueron llamados a juicio. Un cantante de 68 años fue relacionado con este caso, encontrado con armas y declarado inocente. Un sospechoso del incendio a la Contraloría se sometió al procedimiento abreviado.

¿Cuántos casos se abrieron? ¿En qué estado están? ¿Cuántos procesados existen? Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no respondió al pedido de información enviado por EXPRESO a la dirección estadisticasfge@fiscalia.gob.ec, dispuesta para formular las solicitudes de información.

Los afectados más grandes fueron la Contraloría y el patrimonio de la capital. El incendio registrado en el organismo hasta el momento ha quedado sin responsables. Lo que sí dejó es millonarias pérdidas y gastos en arriendos de edificios para que sus funcionarios sigan trabajando. Un año después el seguro del edificio aún no se puede ejecutar. Seguros La Unión debía pagar 13 millones de dólares por los daños. Ayer debía realizarse una reunión en la Intendencia de Seguros para definir el alcance de la decisión. En los 13 millones de dólares se incluyen los montos de reconstrucción del edificio y los pagos de los arriendos.

Ernesto Pazmiño, uno de los defensores de los sospechosos del incendio, señaló que hubo alrededor de 35 detenidos y se abrieron cuatro procesos, pero ninguno ha pasado de la instrucción. La Fiscalía formuló cargos por obstrucción de servicio público, sabotaje y destrucción de registros en concurso ideal de infracciones.

Según la Contraloría, se iniciaron expedientes por el ataque al edificio el 7 de octubre con cargos para una persona por daño a bien ajeno. Hubo dictamen abstentivo ratificado por la jueza, que el 2 de marzo de 2020 sobreseyó al acusado.

En otro caso se acusó a tres sospechosos de daño a bien ajeno y robo. La Fiscalía también emitió dictamen abstentivo por robo. Siguió el proceso por daño a bien ajeno. Luego de la audiencia preparatoria el juez dictó sobreseimiento.

Por el ataque del 12 de octubre se formularon cargos por terrorismo y se reformuló a paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje, a 27 personas que fueron detenidas dentro del edificio.

El 2 de marzo en la audiencia preparatoria la jueza Ana Guerrón dictó la nulidad del caso porque no se hizo una pericia de interculturalidad.

Dio 10 días para el peritaje. Pazmiño asegura que la Fiscalía no ha notificado a los procesados con el informe y “tampoco ha dispuesto el cierre de la instrucción, pese a que el plazo concluyó hace algunos meses”.

Afirma que no hay evidencias y espera un dictamen abstentivo aunque le “quedan dudas, ya que fiscales y jueces, en casos que tienen connotación política y mediática, actúan alejados de los expedientes y cercanos a los intereses políticos del poder”, dijo.

Hubo un caso por terrorismo contra seis adolescentes. Se reformularon cargos por paralización de servicio y luego el fiscal presentó dictamen abstentivo. La Contraloría se opuso.

El 19 de agosto se hizo la audiencia preparatoria en contra de un detenido, por robo e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. Ese día, la Fiscalía informó que el procesado se sometió al procedimiento abreviado. En un último caso se llamó a declarar a la directora de Patrocinio.

Se abrieron expedientes a dirigentes indígenas por denuncias del Ministerio de Gobierno, Marcelo Hallo, Alberto Dahik y un grupo de defensa de Derechos Humanos.

Los sospechosos son Jaime Vargas, Leonidas Iza, José Casiqueando, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán, Luis Morales y Mesías Tatamuez, involucrados en el secuestro de periodistas y policías en el Ágora de la Casa de la Cultura.

A pesar que el secuestro se transmitió en vivo y por redes sociales, sus autores no recibieron cargos. Tampoco hubo responsables de la toma de la Asamblea durante las protestas.

Jaime Vargas tiene otras cuatro denuncias y una investigación de oficio abierta por su llamado a conformar el ejército indígena. También se denunció al alcalde Jorge Yunda.

Los daños al patrimonio de Quito costaron medio millón de dólares. El pago lo asumió el Instituto de Patrimonio del Municipio a través del fondo emergente, informa su director Raúl Codena. Reitera que presentaron la denuncia en la Fiscalía, entidad que pidió los videos de las cámaras cercanas al lugar de los incidentes para identificar a los sospechosos. Hasta el momento no hay resultados.

El detalle

Detenciones. Inicialmente hubo 1.128 detenciones y aprehensiones. Más del 80 % de personas fueron liberadas de inmediato.