La tortura de una excepcion
Organismos de Derechos Humanos piden que el Gobierno se abstenga de renovar el decreto carcelario. Hablan de mafias que mataron a tres directores.
El hacinamiento y la violencia son también formas de tortura y los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país no son ajenos a eso. Así lo señala el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) dentro del último resumen del informe sobre la crisis carcelaria en el Ecuador.
El documento, que analiza y recoge los hechos suscitados entre enero y julio del presente año en los centros carcelarios, cuestiona el estado de excepción que el Gobierno Nacional decretó en el Sistema de Rehabilitación Social el pasado 16 de mayo por sesenta días, y que fue renovado el 16 de julio por treinta días más.
Una medida que, a decir del CDH y otras organizaciones de Derechos Humanos, no es la idónea frente a una crisis carcelaria que se agudiza por el deterioro de las condiciones de vida de la población privada de la libertad, “caracterizada primordialmente por el hacinamiento y hechos de violencia extrema, que configuran de esta forma un evidente estado general de tortura sufrida por este grupo”.
Billy Navarrete, secretario del organismo, menciona que en anteriores informes han alertado al Gobierno de la grave situación en las cárceles, pero no han recibido respuestas. El último documento será remitido al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), entidades a las que solicitan información sobre sus conclusiones.
El CDH cree que los resultados de la excepción han sido contraproducentes, “al no evitar muertes a sangre fría en aparente modalidad de ajusticiamiento, toma de rehenes de agentes de la fuerza pública e incomunicación prolongada de población carcelaria con el mundo exterior”.
Y lo fundamentan con cifras. Desde el 16 de mayo han registrado seis motines en el CRS de Varones (antigua Penitenciaría) y en la cárcel Regional 8, ambos ubicados en Guayaquil, con un saldo de 14 asesinatos “cometidos con premeditación y crueldad”.
Además del secuestro temporal de 19 agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y alrededor de 40 gendarmes que han sido heridos por internos durante las requisas. A escala nacional registraron 22 crímenes, en los siete meses.
Tras los hechos, han podido identificar que la violencia se concentra mayormente en las cárceles de Guayaquil y Latacunga, donde incluso han verificado la constitución y desarrollo de “auténticas mafias, que se disputan el control real del sistema penitenciario para lucrarse a través del tráfico de drogas, alcohol, armas, extorsiones, ingreso de celulares y objetos prohibidos”.
Durante ese accionar, en más de una década, las mafias habrían mandado a matar a Soledad Rodríguez, Eddy Henríquez y Gabys Moreno, quienes se desempeñaban como directores de las cárceles de Guayaquil.
