Con un vídeo colgado en sus redes sociales el presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, a quien el pleno de la Corte Nacional de Justicia retiró la confianza como su delegado en el organismo, celebró que ganaron la apelación presentada por el gobierno en la acción de protección con la que buscaba que Finanzas le otorgue más de 200 millones.

"El señor presidente Guillermo Lasso tiene 15 días para asignar los recursos que se adeuda a la Función Judicial con los que empezará el Plan Maestro de Celeridad para una mejor respuesta de las unidades judiciales a la ciudadanía", dijo. (LEA ADEMÁS: "El pleno de la Corte le retira la confianza al presidente del Consejo Wilman Terán")

Es que la tarde del jueves 7 de septiembre los jueces de la Corte de Justicia de Pichincha Miguel Jiménez, Mónica Bravo y Miguel Narváez notificaron su resolución en el caso. Aceptaron parcialmente la apelación propuesta por Terán y rechazaron los recursos que interpusieron el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo.

Reformaron la sentencia de primera instancia y declararon la vulneración de los derechos constitucionales a tutela judicial efectiva, al debido proceso y al principio de coordinación entre entidades públicas.

Eso significa que la Presidencia a través de la cartera de Economía tiene 15 días término, luego de la notificación del fallo, para consignar "la parte del presupuesto que constituye el déficit del gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal del año 2023, sin recargo ni interés alguno". Pero también hay obligaciones que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura. 

Según la sentencia tiene que presentar "adicionalmente informes técnicos sobre el presupuesto de la Función Judicial para el ejercicio fiscal 2024, los que la Presidencia de la República a través del MEF los considerará y la Secretaría Nacional de Planificación, con ese fin coordinarán sus funciones para que el presupuesto cumpla con los requerimientos de la FJ, propósito para el que se tomará en cuenta los egresos permanentes que para la administración de justicia son prioritarios". 

La Defensoría del Pueblo vigilará el cumplimiento de esta sentencia y presentará informes de seguimiento a la juez de primera instancia. 

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