El fin de la Supercom

Para quienes consideran a la libertad de expresión como la libertad de las libertades, el próximo viernes será un día para recordar. En esa fecha el presidente de la República enviará a consideración de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en el que se suprime a la nefasta Superintendencia de Comunicaciones.

Como se recordará, dicha creación, agregado de última hora al proyecto inicial de la LOC, fue el instrumento de hostigamiento a los medios de comunicación que se atrevieron a realizar denuncias o a establecer observaciones a la acción del gobierno, durante el largo periodo anterior.

Sin conocer todavía el texto reformado es grato saludar el hecho preanunciado, relativo a la desaparición de un organismo creado con ánimo de sancionar y perseguir, buscando que una selectiva autocensura impida la expresión franca y abierta de cada momento de la vida nacional.

Ahora será más fluida la posibilidad de contribuir desde la sana crítica a superar la dura situación que en diversos aspectos atraviesa la nación.

Tal cual en diversas ocasiones lo ha expresado el presidente de la República, dicha crítica es la colaboración más eficiente al buen gobierno, y garantizar que se manifieste sin temores es propio de los regímenes que aspiran a constituirse en democracias maduras.

No está de más recordar en la presente oportunidad que muchos de los actos de corrupción que recientemente se han probado como tales, cuando fueron denunciados en los medios de comunicación merecieron el más grotesco desmentido y dieron lugar a fuertes sanciones económicas, en lugar de dar paso a las respectivas medidas correctivas.

Obviamente, nunca se ha esperado que las reformas, tiempo atrás reclamadas, permitan un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. Precisamente para evitarlo consta en la ley nacional y también en los instrumentos internacionales, lo relativo a la denominada responsabilidad ulterior, concepto que al decir del presidente Moreno fue desnaturalizado en la ley que se reforma y, sobre todo, en las actuaciones de la Superintendencia que hoy se suprime.

Queda así superada una etapa oscura para el ejercicio de la libre expresión del pensamiento que la tradición democrática ecuatoriana mantiene como uno de sus valores fundamentales.