Renegociar la deuda, un plan mas dificil al ser bono basura

La rebaja de calificación de B a B- de Ecuador complicará la misión con la que el nuevo Gobierno asumió una gestión apalancada con endeudamiento a altas tasas y plazos cortos. Meses atrás el principal argumento de defensa al financiamiento caro que había obtenido el país se sustentaba en la urgencia del momento y, sobre todo, en la facultad a futuro de reestructurar la deuda en mejores plazos y tasas de interés menos abultadas. Ese futuro, cada vez más cercano, se complica desde que el jueves la calificadora internacional Standard and Poors decidió ahondar al país en su categoría de bono basura.

Según la definición de la nota B (con o sin símbolos + y -), el país tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones financieras, pero condiciones adversas pueden limitar su capacidad de pago. Y en Ecuador, esas condiciones adversas vienen dadas, según las justificaciones de S&P por su alto nivel de endeudamiento y por las limitaciones que tendrá para acceder a más financiación.

“La calificación de B- es de bonos basura, lo cual significa grado especulativo y de no inversión. Esta reducción tiene consecuencias negativas para el Ecuador, pues aumenta el riesgo país y el valor de los intereses sobre colocación de bonos soberanos”, analiza Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, recordando que Ecuador ha colocado $ 9.250 millones en bonos soberanos con tasas de interés entre 7,95 % y 10,75 %, de las más altas del mundo. “En 2017, por intereses de estos bonos se cancelarán cerca de $ 800 millones, valor que es superior a los $ 660 millones que se destinan al pago del bono de desarrollo humano”, añade Carrera para dar cuenta del impacto en la realidad económica del país del nivel de endeudamiento.

A su juicio, un aumento de la calificación de riesgo y la falta de sostenibilidad fiscal “dificultarán” en el futuro las intenciones del país de adquirir nueva deuda con tasas más bajas y plazos más largos, en reemplazo de la deuda cara y de corto plazo en que está inmerso en estos momentos.

La deuda es, de hecho, uno de los principales argumentos para S&P, para rebajar la categoría de Ecuador, siendo específico en incluir como deuda todas las obligaciones del país, entre ellas, las preventas petroleras, los certificados de tesorería, la deuda del IESS, los bonos entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas...

La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, contestó a preguntas de periodistas durante la presentación de las cifras de crecimiento (ver página 7) que la rebaja de la calificación resultaba sorprendente cuando el país ha tenido niveles más altos de deuda consolidada en otros momentos y la calificación ha sido mejor. Obviaba así que S&P tomó explícitamente el nivel de deuda agregada, la que incluye todas las obligaciones. Ante las repreguntas, Artola defendió que la metodología que usa Ecuador -sumando solo la deuda consolidada- es una metodología internacional y habría que revisar la que usó S&P.

Además de S&P, las otras dos principales calificadoras de riesgo a nivel internacional otorgan al país el grado especulativo -Moody’s otorga un B3 y Fitch, una B- que, encarece la deuda externa y empeora la percepción del país en los mercados.

Inversión

Menos competitivo

“La calificación B- vuelve a Ecuador menos competitivo para atraer capitales frente a países que tienen grado de inversión” como Colombia y Perú, dice Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal. El asesor de inversores Christian Escobar es más optimista, “estos obstáculos disminuyen la atracción del inversionista más conservador. Por eso, es necesario resaltar las ventajas y el enorme potencial con un sistema transparente y honesto de licitar, incentivos tributarios, tasa de rendimiento más alta y facilidad de entrada a extranjeros”.

Datos

Los argumentos de S&P:

Vulnerabilidades

El amplio endeudamiento y las limitadas alternativas de financiamiento interno.

Deuda

El alto servicio de deuda y la escasa flexibilidad monetaria constriñen las opciones del Gobierno.

Límite del 40 %

La deuda neta llegará, según S&P, en 2017 a 48,7 % del PIB. Está en 46,7 %.