Hasta la 24:00 del viernes 11 de junio tienen plazo el expresidente Rafael Correa y 17 sentenciados más por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 para pagar más de 13 millones de dólares de la reparación económica integral dispuesta en la sentencia que se encuentra ejecutoriada.

El incumplimiento traerá como consecuencia que el próximo lunes 14 de junio se concrete embargo de bienes y de valores retenidos en las cuentas bancarias de los sentenciados por formar parte de una estructura delincuencial dedicada a la captación de sobornos de contratistas del Estado a cambio de contratos de obra pública en el gobierno de Correa.

Lo dispuso el sábado anterior el tribunal de ejecución que lo conforman los jueces nacionales Walter Macías y Marco Rodríguez y la conjueza Mercedes Caicedo, con la emisión de mandamiento de ejecución que dispuso cinco días hábiles para el pago de la reparación.

Hasta el momento solo dos sentenciados han cumplido con el pago que debían cumplir autores mediatos, directos y coautores por un monto que supera los 14 millones de dólares. Ellos son Víctor Fontana, quien pagó 778.224 y Alberto Hidalgo, 368.000 dólares.

El ejecutante es la Procuraduría General del Estado que debe ejecutar los embargos de cuentas y bienes del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciados a ocho años como autores mediatos por instigación. 

Están también Alexis Mera, ex secretario jurídico, los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís (con refugio en México), María de los Ángeles Duarte (quien se refugió en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito), la exasesora de Correa Pamela Martínez y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, condenados a ocho años de cárcel como coautores.

Se suman los empresarios considerados autores directos Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi. Todos deben pagar 778.224 dólares. La única que tiene que cancelar 368.632 de reparación integral por ser cómplice es Laura Terán. El total de la reparación integral por corrupción es de 14,7 millones.

Marcelo Dueñas, defensor de la exasambleísta Bonilla señaló es verdad que vence el plazo pero es una locura porque no tienen el patrimonio para eso. De su cliente dijo que tienen embargado un parqueadero y no tiene nada más y que con eso se cobren la reparación integral.

Dueñas señaló que el Estado ecuatoriano deberá ver como hace como cobrar "más aún cuando los condenados la gran mayoría no tienen un patrimonio que pues cubrir ni siquiera la tercera parte de la reparación integral". Aclaró que pueden afectar solo a los bienes de los condenados no de los cónyuges cuando hay la sociedad conyugal. "El mandamiento se ejecuta cuando hay con qué", concluyó.

Diego Correa, abogado de Duarte señaló que no han sido notificados con la providencia y que debía ser enviada a los domicilios judiciales. Carlos Alvear, abogado de Correa manifestó que: "para pagar se necesita plata".