Fausto Jarrín asambleísta electo por Unión por la Esperanza (UNES) informó a la Corte Nacional de Justicia que ya no será abogado del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016.

Pero el legislador quería, mientras es asambleísta, seguir siendo procurador judicial del exmandatario condenado a ocho años de cárcel por cohecho agravado junto con otras 19 personas. La Fiscalía determinó la existencia de una estructura delincuencial dedicada al cobro de sobornos a contratistas a cambio de contratos de obra pública. El dinero, en efectivo y en facturas, habría sido destinado a promover las campañas de Alianza PAIS.

El juez nacional de ejecución Wálter Macías declaró improcedente el pedido señalando que “no es posible dejar la defensa técnica y pretender continuar siendo procurador judicial, porque para esas dos condiciones se exige la intervención de un abogado habilitado legalmente para el patrocinio de terceros”.

El juez le explicó al asambleísta correísta que la procuración judicial es un mandato especial que habilita a un abogado para que legalmente pueda ejercer ante los tribunales la representación de la parte en el proceso judicial.

Indicó que una de las normas que regulan la intervención del abogado en juicio determina que “sólo los abogados en el ejercicio de su profesión podrán comparecer en juicio como procuradores judiciales […], en representación de las partes, cuando éstas no puedan concurrir personalmente”.

El juez concluyó que la defensa y la procuración judicial solo pueden ser ejercidas por los abogados habilitados legalmente y sin impedimento para el ejercicio de su profesión.

El juez indicó que se entiende que los asambleístas están inmersos en una causal legal de incompatibilidad para patrocinar a terceras personas por razones de su función. EXPRESO solicitó un comentario al legislador. Estamos a la espera de una respuesta.

La solicitud de Jarrín no fue la única a la que tuvo que responder el juez de ejecución. El empresario Víctor Fontana quería que su nombre sea retirado de la placa colocada en el Palacio de Carondelet por considerarla ilegal. Situación que fue negada.

Macías remitió información con el extracto de la sentencia de cada uno de los condenados por el caso a la Organización de la Policía Internacional (Interpol) a la que habían acudido varios de los condenados en la que defendió la imparcialidad de las actuaciones judiciales.

La oficina de Interpol en Quito dijo a la Corte que ubicó el paradero de Correa, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Christian Viteri, Mateo Choi, Rafael Córdova y William Phillips. Además el juez informí que el proceso de embargo de bienes para la recuperación de 14 millones de dólares dispuestos en la sentencia. Bélgica, la residencia de la Embajada de Argentina, Estados Unidos, Venezuela, son entre otros los destinos de los sentenciados en el caso.