Un problema de todos

Justicia lenta no es justicia. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. “Carpe diem”. La antigua sabiduría contenida en las frases arriba citadas se convierte en apotegma que debería iluminar las acciones del presente. Por supuesto, no cree EXPRESO que en la actualidad se sigue leyendo al gran poeta latino Horacio. En las facultades de Derecho predomina un pragmatismo que obviamente determina mucho de su accionar al interés político, cuando no al económico. De allí el tipo degradado de administración de la justicia que impera en el Ecuador.

Por ello es digno de ser destacado como positivo lo recientemente actuado por algunos de los órganos de control y de la administración de justicia, pese a lo tardío de sus pronunciamientos.

Conviene, para sustentar las precedentes afirmaciones, destacar que las denuncias estableciendo señalamientos de corrupción en materia de contrataciones vinculadas a la actividad petrolera, fueron realizadas desde el comienzo de la administración de Alianza PAIS y una buena parte de ellas tienen al menos un lustro de haber sido efectuadas. Conviene también destacar que entre quienes se atrevieron a evidenciarlas, muchos están presos, perseguidos o condenados a mantener degradantes grilletes.

Asimismo, en materias relacionadas con la provisión de diverso tipo de infraestructuras, las denuncias ya tienen una década y muchas de ellas nos han merecido sanciones por parte de instituciones creadas con la pretensión de amordazar a la prensa que, pese a ello, ha jugado un rol preponderante en darlas a conocer.

De tal manera que cuando parece, pese a la lentitud de las acciones, que hay un firme propósito de avanzar en la lucha contra la corrupción, la única certeza de que así ocurra se logrará cuando el pueblo consiga hacer visible en las calles de todas las ciudades ecuatorianas su determinado propósito de que así suceda.

Sin ese apoyo popular es posible que la enorme magnitud de intereses contrarios a la recuperación de la ética en el manejo de los asuntos del Estado, detenga u obstaculice su plena vigencia.

Cabe reiterar que, aunque doloroso, el afán mencionado debe partir del conocimiento transparente de las cifras, de modo que para efectos prácticos todos los ciudadanos sepan la magnitud del asalto a los fondos públicos y sus autores.