Predominio inaceptable

Ala fecha de escribir el presente editorial ya estaría consolidada, o en proceso irreversible de que así ocurra, la hegemonía de Alianza PAIS, pese a su aparente fragmentación.

En efecto, la voluntad del presidente Moreno al integrar la terna para que la Asamblea Nacional seleccione al reemplazo del exvicepresidente, le devuelve el control total del poder Ejecutivo al partido que preside, puesto que la elaboró exclusivamente con distinguidas militantes de esa tienda política.

Ese hecho, que en el decurso de la normalidad republicana podría ser asumido como natural y lógico, genera en cambio profundas y justificadas perturbaciones a la convicción de que en el Ecuador se estaba propiciando una forma distinta de gobernar, sustentada en el diálogo y en la apertura a la participación de todos.

Y ello porque durante toda una década fueron dirigentes de Alianza PAIS los que violentaron las normas más elementales de la convivencia democrática, hostigaron y persiguieron a quienes se atrevieron a discrepar y montaron un andamiaje de corrupción que el propio presidente Moreno se ha encargado de cuantificar, señalando que donde se ponía el dedo saltaba pus de la enorme corrupción sufrida que, además, calificó de espeluznante.

Ahora, cuando luego de una indecorosa actuación de las distintas autoridades de control, algunas de ellas directamente involucradas en las diversas tramas delincuenciales que atentaron contra el patrimonio nacional se ha llegado a sancionar al exvicepresidente, el Ecuador esperaba una apertura que consolide la confianza pública a partir de la integración de la terna enviada a la Asamblea Nacional para escoger a su reemplazo.

Que no haya sucedido así siembra otra vez incertidumbre y desconfianza en la opinión pública, que conoce los riesgos de las conducciones hegemónicas, peor todavía cuando es notorio que las autoridades de control, partiendo del negligente rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, continúan siendo afines al Gobierno.

Bien se sabe, y se ha probado en una dolorosa práctica, aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Teniendo garantizada la impunidad, el país se pone en riesgo de otra oleada de actos deshonestos, justificados en la defensa de un proyecto político que, pese a todo, ha recuperado el poder.