La lista de posibles delitos relacionados con el caso de supuesta corrupción en Petroecuador sigue creciendo. La Fiscalía y la Contraloría, cada una por su lado, tienen sus sospechas.

La primera investiga tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado. Son, al menos, 10 expedientes abiertos, entre instrucciones fiscales e investigaciones previas con más de 25 sospechosos.

La Contraloría, en cambio, presume la existencia de dos delitos más. Están mencionados en las conclusiones del informe que establece indicios de responsabilidad penal en las declaraciones patrimoniales presentadas por Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, entre 2014 y 2016.

Según el documento, el exfuncionario pudiera haber incurrido en los ilícitos tipificados en los artículos 270 y 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estos son perjurio y falso testimonio, y enriquecimiento ilícito que se sancionan con entre uno y 10 años.

Por ahora, todo está en investigación. Siete meses después de la filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca –que reveló propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria ocultas de políticos, deportistas, empresarios– no hay responsables con sentencias.

El caso más próximo a recibir condena es el que se abrió en contra de Álex Bravo, exgerente de la petrolera, por presunto tráfico de influencias y luego enriquecimiento ilícito. Su juicio debía ser el 10 de noviembre pero la diligencia se difirió para el 31 de enero de 2017, pese a la oposición del fiscal Galo Chiriboga.

El 17 de agosto, la Fiscalía formuló cargos contra Xavier Baquerizo y otros por presunto cohecho. El 21 de octubre, la Fiscalía vinculó a 17 personas, entre ellas Pareja (prófugo) y Bravo (detenido). Al menos, 10 de ellos están fuera del país y tienen orden de prisión. El caso se cerrará hasta el 20 de diciembre.

El 12 de noviembre el turno fue de Marco Calvopiña, también exgerente de Petroecuador (detenido). Él y tres personas son investigados por supuesta delincuencia organizada. Finalmente, el 23 de noviembre la Fiscalía formuló cargos para Pareja por supuesto enriquecimiento ilícito. La base es el informe de Contraloría.

Según ese documento, “hay inconsistencias” en sus declaraciones patrimoniales. Al supuesto ocultamiento de cuentas y tarjetas se suman saldos diferentes entre la declaración y el estado de cuenta. Hay al menos 46.000 dólares de diferencia (ver gráfico).