El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez Zambrano, cumplirá 51 de los 60 meses de prisión que ordenó el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, dentro de la sentencia condenatoria que recibió por el presunto delito de asociación ilícita, para ofertar cargos públicos.

El exfuncionario permanece detenido desde el 28 de noviembre de 2019 (hace nueve meses), tiempo que deberá descontarse a los cinco años de privación de libertad que recibió el pasado lunes, como castigo. Se dispuso además como sanción la pérdida de los derechos de ciudadanía. Pero, ¿qué significa esto en una persona que tiene aspiraciones políticas? ¿Puede ser candidato a alguna dignidad de elección popular? ¿Su postulación podría garantizarle alguna inmunidad?

De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución de Ecuador, el goce de los derechos políticos se suspenderán por: interdicción judicial o sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad a una persona; además, de los casos que determine la ley.

El catedrático universitario, Juan Jiménez Guartán, menciona que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina como una pena no privativa de libertad la pérdida de los derechos de participación. “En el artículo 68 de esta norma se señala que la persona sentenciada con esta pena no podrá ejercer estos derechos por el tiempo determinado en cada tipo penal, una vez cumplida la pena privativa de libertad".

Adicionalmente, acota, mediante referéndum y consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, se aprobó la inclusión de un segundo inciso en el artículo 68 del COIP que determina que los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción, por un lapso de entre diez y veinticinco años. Esto, en los delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción.

En febrero de este año (un mes antes de decretarse el estado de emergencia en el país por la presencia de la COVID-19), la defensa de Tuárez mencionó que su cliente “es un preso político”. A mediados de agosto de 2019, tras su destitución del cargo, el exfuncionario había dejado claro sus aspiraciones a la silla de Carondelet, lo que se truncó tras su detención y ahora condena.

Tras considerar ese caso como político, el abogado Santiago Sánchez recalca que “debe existir una sentencia ejecutoriada para que se impida que una persona pueda postularse a un cargo de elección popular. Se le restringen sus derechos de libertad, de participación; pero existe un vacío legal entre la Constitución con los derechos de libertad que le pueden dejar en el aire hasta que la Corte Constitucional resuelva, en caso de que exista alguna duda, alguna consulta”.

Estar detenido o fuera del país podría impedir que esa persona pueda candidatizarse, como ocurre con el expresidente Rafael Correa, quien enfrenta una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho, en el caso Sobornos; y una orden de prisión preventiva, por el secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en 2012.

Según las últimas reformas del Código de la Democracia, los aspirantes a presidente y vicepresidente de la República deberán acudir, de forma presencial e indelegable, a la Dirección de Organizaciones Políticas, ubicada en Quito, para aceptar esa candidatura. De no hacerlo, no podrán ser inscritos para la contienda electoral.

CIFRA

32 personas fueron detenidas junto con Tuárez, en el operativo Emperador ejecutado en noviembre de 2019. Hasta ahora, solo él ha sido sentenciado en juicio ordinario. Otros 12 detenidos se acogieron al procedimiento abreviado y recibieron un año de cárcel.