El cura José Carlos Tuárez fue sentenciado a cinco años de prisión por asociación ilícita por ofertar cargos públicos. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) era investigado como parte de una red de tráfico de influencias que otorgaba los puestos a cambio de dinero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la resolución, a través de su cuenta oficial de Twitter, luego de la audiencia que empezó a las 8:15 de este lunes 17 de agosto de 2020.

"Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Ecuador, el Tribunal (de Garantías penales del Guayas) sentencia, como autor directo, a 5 años de prisión a José Carlos T.Z., expresidente del Cpccs, por asociación ilícita para ofertar cargos públicos". 

Tuárez fue detenido la madrugada del jueves 28 de noviembre de 2019, tras un allanamiento en su domicilio, en Portoviejo, de Manabí. Así inició un proceso penal contra 32 detenidos en el operativo 'Emperador'.

En la audiencia preparatoria de juicio, que se realizó el viernes 24 de julio, en la Unidad Judicial Valdivia, la Fiscalía presentó el dictamen acusatorio contra Tuárez y otras tres personas, por participar presuntamente en el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares.

César Suárez Pilay, fiscal de la Unidad de Administración Pública, expuso más de 45 elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre estos, las llamadas telefónicas autorizadas por la autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras, publicó la Fiscalía en su sitio web.

Detalló fechas de las supuestas reuniones sostenidas por los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que el cura supuestamente era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.

"El Tribunal Penal del Guayas emitirá su resolución sobre la situación legal de los otros 3 procesados (Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. S.), quienes se encuentran con medidas cautelares de presentación ante la autoridad, en una próxima audiencia", actualizó la Fiscalía, después de la audiencia.