El paso lento de Chiriboga acelera el debate politico

No sorprende, pero preocupa. La publicación de Diario EXPRESO sobre el retraso intencional del exfiscal general Galo Chiriboga en el caso Odebrecht, donde escondió al país la colaboración estadounidense por casi tres meses, en coincidencia con el tiempo electoral, no escandaliza a nadie.

Los sectores de oposición parecen cada vez más acostumbrados a ver convertidas en certezas sus siempre públicas sospechas. En este caso: “Que Chiriboga haya sido un alcahuete. No sorprende, pero sí preocupa”, reconoce el jefe legislativo de CREO, Roberto Gómez, para quien ha quedado demostrado que “la institucionalidad del Estado ha estado al servicio de protección de la corrupción”. Ni él ni su bloque descartan un proceso de fiscalización contra Chiriboga, quien se encuentra bajo el control de la Asamblea Nacional hasta mayo, un año después de dejar el cargo.

Afortunadamente para el exfiscal general, su caso -meritorio de un juicio político, según todos los consultados- no es una prioridad en la agenda de nadie. Fuera de la esfera pública desde hace dos meses, Chiriboga puede ampararse en la mirada focalizada de la oposición legislativa.

“Hoy la lucha anticorrupción se encarna en el juicio político urgente contra un funcionario: Jorge Glas”, asegura con un toque de realismo Guillermo Celi, jefe de la bancada de SUMA. Con la mirada centrada en el segundo mandatario, Celi dibuja la necesidad de acatar “el retiro de confianza al vicepresidente. Se la quitó el pueblo, se la quitó el presidente; es hora de que se la quite la Asamblea Nacional”.

Hay quienes, y Celi coincide con eso, encuentran en Chiriboga un punto de partida hacia un camino cada vez más ineludible: una consulta popular que cese a las denominadas autoridades de control.

Allí se apunta el jurista y exmagistrado Enrique Herrería, sosteniendo la urgencia de una consulta popular: “Debe hacerse ya”, sentencia.

Su lectura es clara: Es la única forma de devolver la confianza al Ecuador sobre la capacidad para investigar los casos de corrupción del correato”. La cita adquiere sentido en el contexto: un excontralor prófugo, un exfiscal retenido por investigaciones, un contralor a las puertas de un proceso de control político y un fiscal general presionado por la opinión pública para demostrar su independencia.

Las autoridades de control y el superpoderoso Consejo de Participación Ciudadana que las designa se han convertido en la prioridad dos.

Cristina Reyes, desde el socialcristianismo, concreta la idea clave: “Esto es una podredumbre. Y amerita que el país encuentre una fórmula, una reforma que permita sacar a los compinches de los puestos de control del Estado y reemplazarlos con ciudadanos probos e independientes”.

Mientras el país se enreda en esta discusión, en la órbita inacabable de la corrupción, las principales necesidades ciudadanas (enmarcadas en la crisis económica) siguen en lista de espera.

ABP

Los protagonistas

Roberto Gómez

“No hay ninguna sorpresa ya. Los exfuncionarios correístas encargados del control han tenido la misma lógica que tuvo hasta hace poco el señor Moreno y tiene hoy la Asamblea: proteger al vicepresidente y la corrupción”.

Guillermo Celi

“Yo considero que esto tiene una piedra angular: el hiperpresidencialismo. Esa es la causa, el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos permitieron que un amigo del correísmo como el exfiscal general oculte información al país. Hay que eliminarlo”.

Cristina Reyes

“Eso responde a los intereses que hay de por medio con las autoridades de control, que responden a un sistema de blindaje de la corrupción. Tanto el tío Galo como Baca Mancheno son cuota del correísmo: militantes de Alianza PAIS disfrazados de fiscales”.

Enrique Herrería

“Durante todo el tiempo que desempeñó el cargo, Galo Chiriboga hizo todos los esfuerzos necesarios para encubrir todos los casos de corrupción. En este caso en particular le mintió al Ecuador. Urge la sustitución de todos los órganos de control”.