Un posible riesgo. La admisión a trámite de la denuncia electoral en contra de Pabel Muñoz, alcalde correísta de Quito, ubica tres alternativas en el panorama. Una de estas, según el Código de la Democracia, es su destitución como burgomaestre de la capital.

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El 23 de noviembre, el juez electoral Ángel Torres admitió a trámite la denuncia presentada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. En ella se imputa a Muñoz de haber cometido una infracción electoral grave.

La acusación específica es la señalada en el numeral 3 del artículo 278 de la Ley Electoral. Esto es sancionar a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato.

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Las sanciones previstas para las infracciones electorales graves son multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, la destitución del cargo y/o la suspensión de los derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

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Al ser estas las sanciones previstas para el tipo de infracción electoral imputada a Muñoz, según el analista electoral Esteban Ron, la destitución es una posibilidad. Sin embargo, precisa que esa valoración la deberá hacer el juez electoral.

De hecho, para el 27 de noviembre está convocada la audiencia de pruebas y alegatos a la que están convocados Guarderas y Muñoz. En dicha diligencia se receptarán los cargos y descargos de la imputación, previo a la toma de una decisión.

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Por otro lado, el jurista y analista electoral Daniel González sostiene que para determinar aquello será necesario probar que Muñoz indujo al voto en el ejercicio de sus funciones. Es decir, "si lo hizo en la inauguración de una obra, en un programa municipal".

De no ser así, según continúa González, no se configuraría la infracción electoral imputada al alcalde Muñoz, "ya que lo estaría haciendo como un ciudadano". Sostiene que esa es una de las diferenciaciones que deberá hacer el juez, si fue un acto como alcalde o ciudadano.

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Otro elemento a considerar, según señala Ron, es el antecedente de la denuncia electoral al expresidente del CPCCS, Alembert Vera, y la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga.

Aunque las imputaciones son distintas, el juez que archivó la causa sostuvo que los videos e imágenes de redes sociales no configuran una prueba para determinar infracciones. "Existe una posibilidad (de que la causa contra Muñoz también sea archivada) si es que las pruebas no son actuadas de manera correcta o ineficientes", dice Ron.

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