Odebrecht, la guerra de audios
El 24 de mayo iniciaron los seguimientos reservados contra los primeros seis procesados del caso, el mismo día de la posesión de Lenín Moreno.
Escollo en el litigio. La mayoría de los procesados, en la primera tanda de capturados del caso Odebrecht, apunta su defensa hacia la desactivación de la principal herramienta de la Fiscalía: los vídeos y audios entregados por el cooperador C-1 de Brasil, que coprotagonizan los hoy detenidos.
Es un movimiento legal. Algunos de los abogados de la defensa, consultados por EXPRESO bajo condición de reserva por tratarse de estrategias procesales, aseguran estar valorando la posibilidad de, llegado el momento, solicitar al juez del caso la exclusión de la prueba.
La figura es posible, según los expertos. Pero para lograrla, los defensores deberían probar que se ha roto la cadena de custodia de la denominada ‘prueba madre’. Esto es, que el fiscal general Baca Mancheno, quien recibió la información del delator en un pendrive durante su viaje a Brasil, el 1 de junio, no actuó según los protocolos internacionales para garantizar que la prueba fuera custodiada y no alterada. La otra vía es demostrar que los audios y vídeos, que han pasado ya satisfactoriamente los procesos periciales, han sido editados y manipulados.
De sucederse, el caso se complicaría para la Fiscalía General, que cuenta con la propia voz de los implicados entregando informaciones bancarias y exigiendo los pagos. Hay quienes consideran que esta vía de defensa resulta poco probable, pero legalmente posible.
A la Fiscalía General, sin embargo, le queda abierto un camino para blindar su prueba madre, bajo los preceptos de la ley ecuatoriana: el artículo 502.
El código penal contempla la comparecencia anticipada de un informante en situaciones excepcionales, como su presencia fuera del país.
La necesidad de requerir el testimonio anticipado, según los expertos, radica en la posibilidad de convertir su interrogatorio en prueba plena y blindar de esta manera la posibilidad de la exclusión de los audios al momento de la decisión judicial.
La opción no es sencilla. Implica la activación de protocolos internacionales, así como el traslado acordado de la fiscal Diana Salazar, encargada de la causa, y el juez correspondiente. Ambos deberían tomar las declaraciones de José Conceiçao Santos, en Curitiba, Brasil, donde guarda arresto domiciliario. Su testimonio, después de esta etapa, no tendría valor probatorio.
La opción se facilita con la reciente vinculación que la Fiscalía hiciera contra siete nuevos procesados, entre esos, el delator brasileño Santos, quien con una grabadora en el bolsillo puso de cabeza a una nación: arrojó al máximo juez de cuentas del Estado a un juicio político, dejó en prisión a importantes intermediarios y empresarios, acrecentó las sospechas contra un vicepresidente sin funciones. Y aún no termina de hacerse público el material que entregó.
La defensa
Rivera: “Esto es político”
El tío del vicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera, guarda arresto domiciliario desde su detención, el pasado 2 de junio.
La Fiscalía, que atribuye a su figura el cobro del 1 % de cada contrato de Odebrecht en Ecuador por su parentesco con un alto funcionario de Estado, no ha podido escuchar la versión de Rivera, quien se mantiene bajo el derecho al silencio.
Rivera, sin embargo, prepara una declaración. La exposición de los audios y vídeos que protagoniza, donde pide 8 millones de dólares “para la campaña de vidrio”, es, a su juicio, la prueba de “la intencionalidad criminal de involucrarme. Y de rebote al VP”, como se refiere habitualmente a su sobrino Glas.
Para el procesado, la delación “de un criminal confeso” como José Santos, el informante brasileño, “demuestra que esto tiene un trasfondo político”. Asegura que ha sido una medida planificada para conseguir una pena menor ante la justicia brasileña. Y eso es lo que alegará en el juicio.