El tristemente célebre caso Odebrecht está tomando proporciones que alarman. Y ello ocurre no únicamente en relación con la magnitud de los sobornos que, para el Ecuador superan, en la presente década, los treinta millones de dólares.
Alarma mucho más la magnitud de las manipulaciones que sobre él se continúan realizando.
Primero se intentó ridiculizar lo ocurrido en su significado de corrupción. No únicamente porque se ha empleado, y se continúa haciéndolo, el nada ético argumento que pregunta: ¿y cuándo no ha sido así? Peor todavía, se insiste en proclamar que las coimas no perjudican al Estado puesto que los empresarios las otorgan de sus ganancias. Se dice, intentando disimular la falta de quien las recibe, que se trata “apenas de propinitas”.
Después se busca desacreditar a quien permitió conocer, con todo detalle, los cuántos y a quiénes de los sobornos otorgados. Se lo llama delator y se descalifica su testimonio diciendo que no tiene calidad moral para creerle.
Luego se aduce que no es coincidencia sino claramente una maniobra política la que determina que el período examinado coincida con el actual ejercicio gubernamental.
Entonces se procede a hurgar en el pasado y aparece la increíble declaración del Fiscal: el culpable es Odebrecht y, vinculando dicho escándalo con los previamente denunciados en Petroecuador, insistiendo en que no ha existido sobreprecio en las contrataciones, se establece como “jefe de la mafia” a un ecuatoriano que ahora, no antes, está con orden de captura.
Como si eso no bastara, se dirige desde la Asamblea legislativa, que se ha dejado notar por la ausencia de fiscalización, una severa investigación sobre el alcalde de Quito por haber mantenido contratos con Odebrecht.
Finalmente, el secretario jurídico de la presidencia viaja al Brasil y contrata a un estudio de abogados para seguir averiguando, mientras el fiscal viaja a los Estados Unidos y plantea que sobre el tema Odebrecht habrá sigilo y que se trabaja con la “investigación básica” recibida. Mientras tanto aprovechó para solicitar celeridad en los 16 pedidos de extradición en curso.
Así las cosas, la sensación de que se está entrabando con fines visiblemente electoralistas, un esclarecimiento que el país reclama, empaña desde ya la transparencia de la próxima elección.
