El Municipio de Quito quiere integrar la comision para determinar el monto de reparacion de Odebrecht

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El Municipio de Quito quiere integrar la comision para determinar el monto de reparacion de Odebrecht

De acuerdo a un estudio de auditoría de la Contraloría General del Estado, existe un sobreprecio de 11 millones de dólares en la obra del Metro de Quito.

Autoridades ecuatorianas se reunieron con funcionarios de Odebrecht.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, envió una carta al secretario Anticorrupción, Iván Granda, solicitándole la inmediata integración del Municipio capitalino en la comisión que busca determinar el monto de reparación de la empresa Odebrecht al Estado ecuatoriano.

En la misiva, difundida por el vicealcalde quiteño, Santiago Guarderas, Yunda justifica el pedido argumentando que de las investigaciones se desprende que el gobierno local “estaría afectado por tal lamentables sucesos” en relación con la construcción de dos obras emblemáticas para la ciudad: el Metro de Quito y la Ruta Viva.

De acuerdo a un estudio de auditoría de la Contraloría General del Estado, existe un sobreprecio de 11 millones de dólares en la obra del Metro de Quito. Según el contralor Pablo Celi, citando el estudio, el aumento del costo planificado se produjo por la inclusión de trabajos que no estaban previstos en el contrato inicial, ni en los estudios arquitectónicos ni de ingeniería.

El informe ordenó la destitución del ahora exgerente del Metro de Quito. Se encontró responsabilidades civiles y administrativas, con el señalamiento de tres glosas por 80 millones de dólares.

Según Yunda, con la eventual participación del Municipio de Quito en la comisión, permitirá aportar elementos de juicio que defiendan el interés de la ciudad. “Por lo que comprometo mi participación personal en las reuniones que se lleven a cabo o, en mi ausencia, la del vicealcalde Santiago Guarderas”, agregó el alcalde.

Esta comisión, además de Granda, estará integrada por el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo; el contralor general del Estado, Pablo Celi; y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Los cuatro funcionarios mantuvieron, en días pasados, una reunión con representantes de la constructora brasileña para iniciar el proceso de definición del monto de reparación al Estado ecuatoriano.

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