Los 15 jueces que componen el Tribunal Supremo de Israel estarán presentes en la audiencia del mes de septiembre en la que se analizarán las apelaciones presentadas contra una ley clave de la reforma judicial elaborada por el Gobierno, aprobada el pasado lunes 31 de julio de 2023  y que limita el poder de esa Corte.

El Tribunal Supremo anunció hoy 31 de julio que, por primera vez en la historia, todos sus miembros acudirán a una audiencia en la que se abordará una apelación.

Durante dicha sesión, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, los jueces escucharán los argumentos de los peticionarios, que han esgrimido distintos motivos para que la Corte derogue la ley que anuló la doctrina de razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales de acuerdo a si éstas eran razonables o no.

"La presidenta de la Corte hizo bien en incluir a todos los jueces del Tribunal Supremo en esta importante audiencia", señaló mediante un comunicado el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, una de las organizaciones que apeló la ley.

"Nos enfrentamos a un evento histórico: la reunión de todos los jueces de la Corte Suprema para discutir el futuro democrático del Estado de Israel. Estaremos allí para pelear la guerra del ala liberal por el futuro del país", agregó la organización, que describió la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu como "un golpe de Estado".

En su apelación, el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel argumentó que se trata de "una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen".

Además, denunció que la ley "abole el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel" y, además, "da poder ilimitado al poder Ejecutivo".

Esta ley, aprobada con el apoyo de los 64 miembros de la coalición y que contó con el boicot de toda la oposición, es una enmienda a una de las 13 leyes básicas de Israel, que no cuenta con una Constitución.

Si bien nunca en la historia del Estado judío el Tribunal Supremo ha intercedido ante una enmienda a una de las leyes básicas, distintos analistas israelíes han destacado en los últimos días que se trata de un caso sin precedentes y que resulta un escenario incierto.

Tras la aprobación de esta ley el pasado lunes, decenas de miles de israelíes salieron a las calles de todo el país, incluyendo frente al Supremo, en el marco de un movimiento de protesta que lleva ya más de siete meses y que se ha convertido en el mayor de la historia de Israel.

Consultado en los últimos días sobre si el Gobierno acataría un fallo de la Corte en contra de la ley, Netanyahu no ofreció una respuesta clara y dijo que confía en que el Tribunal no intervendrá.

Este 30 de julio, sin embargo, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, señaló, en respuesta a la misma pregunta, que "el Estado de Israel es un estado democrático regido por la ley" y enfatizó que el Gobierno "actuará acorde con la ley".

La reforma judicial, que busca otorgar mayor poder al Ejecutivo en detrimento del poder Judicial, es uno de los proyectos centrales del actual Gobierno, que asumió a finales del año pasado y está integrado por el partido Likud de Netanyahu junto a formaciones ultraderechistas y ultraortodoxas.