Al borde de una crisis política inédita alimentada por la aprobación sin voto de la reforma de las pensiones, el Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron afronta este lunes su hora de la verdad, cuando encare dos mociones de censura cuya aprobación depende de los votos de un partido conservador dividido.

En la víspera de esa crucial votación, se celebró la cuarta jornada, seguida de protestas espontáneas y sin autorización.

En París, una marcha irrumpió en el centro comercial de Forum Les Halles, en pleno centro de la capital, sin que, hasta el momento, se registrasen incidentes reseñables.

La presión social en la víspera de la votación fue mencionada por la presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yael Braun-Pivet, quien en la cadena de televisión BFMTV aprovechó para denunciar un clima de intimidación contra los diputados oficialistas.

Braun-Pivet defendió la necesidad de la reforma para preservar la financiación del sistema social francés. “El objetivo es trabajar más para que nuestro sistema perdure”, aseveró, descartando una retirada del impopular plan que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

La presidenta adelantó que hoy lunes, a partir de las 16:00 (15:00 GMT), se iniciará la votación de las dos mociones, en las que estará en juego el futuro de la primera ministra nombrada por Macron, Elisabeth Borne.

Su suerte dependerá de los 61 parlamentarios de Los Republicanos (centroderecha), quienes podrían hacer bascular el resultado, teniendo en cuenta que el partido de Macron y sus aliados tienen una mayoría relativa.

Actualmente, serían necesarios al menos 287 parlamentarios para tumbar al Ejecutivo (la mitad más uno), de un total de 573 asientos (hay cuatro escaños vacantes).

La ultraderecha de Marine Le Pen presenta una, mientras que la otra es del pequeño grupo LIOT (centristas y regionalistas), quienes cuentan con el apoyo de toda la izquierda agrupada en la coalición Nupes.

Aunque la dirección del LR ha dado instrucciones de no apoyar las mociones (la propia sede parlamentaria en Niza de su líder, Eric Ciotti, fue vandalizada como forma de presión), también habían pedido a sus 61 parlamentarios que apoyasen la reforma el pasado 16 de marzo. Sin éxito.

La mitad de los diputados de LR anunciaron que no la respaldarían en el hemiciclo y el Ejecutivo de Macron prefirió no arriesgarse a un voto, decidiendo así activar el artículo constitucional 49.3, ya utilizado en varias ocasiones por diferentes gobiernos y que permite aprobar ciertos proyectos de ley sin voto en la Asamblea.

De acuerdo con cálculos de la prensa, ya hay cuatro diputados conservadores díscolos. Harían falta al menos otros 23 para que Borne presentase su dimisión y la de sus ministros a Macron, quien probablemente estaría abocado a disolver la Asamblea y convocar nuevas legislativas (las últimas datan de junio de 2022).

Desde la instauración de la V República francesa en 1958, solo una moción de censura ha sido aprobada, en 1962.

Mientras la popularidad de Macron toca mínimos desde que asumió la presidencia en 2017 (actualmente solo el 28 % lo aprueba, a niveles de la crisis de los ‘chalecos amarillos’ de 2018/2019), las protestas sociales comienzan a ser más imprevisibles y volátiles.

Desde la adopción definitiva de la reforma, el pasado día 16, se han recrudecido y muchas veces han estado al margen de los partidos de izquierda y los sindicatos. Muchas se han convocado de forma espontánea en las redes sociales y sin líderes definidos.

Eso recuerda los métodos aplicados durante la revuelta de los ‘chalecos amarillos’.

Consecuencias

Un centenar de arrestos en protestas

En la tercera noche seguida de protestas espontáneas, hubo al menos un centenar de arrestos en toda Francia, sobre todo en París.

Paralelamente al malestar de la calle, las huelgas sindicales contra la reforma siguen su curso. Varias refinerías están bloqueadas, como la de Le Havre, la mayor del país. Aunque todavía no hay datos consolidados, varias gasolineras en la región de Lyon y de Marsella ya sufren la falta de carburante. Y los impactos en la recolección de basura en la capital también se hacen sentir. El Gobierno ha impuesto la vuelta de algunos trabajadores por razones de salud pública, pues miles de toneladas de basura se acumulan en aceras. El Ayuntamiento de París calculó que había 10.000 toneladas de desechos.