José Antonio Kast recorta 77 millones al presupuesto de seguridad en Chile
Expertos y académicos cuestionan la reducción de fondos operativos policiales en pleno combate contra el crimen organizado
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció un recorte de 72.000 millones de pesos, equivalentes a 77,6 millones de dólares, en el presupuesto de Seguridad Pública. La propuesta oficial fue presentada ante la Comisión de Seguridad del Congreso por la ministra Trinidad Steinert, afectando de manera directa la asignación de recursos logísticos para las fuerzas del orden del país sudamericano.
Contradicción con el discurso de emergencia
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, aseguró a los parlamentarios que las disminuciones presupuestarias no afectarán los frentes sensibles en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, analistas y penalistas difieren totalmente de la postura oficial y advierten un severo impacto en las calles.
Durante su campaña electoral, Kast describió el panorama de seguridad nacional como una crisis “descontrolada” y una “emergencia nacional”, ubicándola como el eje central de sus promesas. Para los académicos, tratar este rubro como una variable más dentro de un ajuste económico general hace que el discurso oficial pierda consistencia.
“Si un gobierno decide gobernar bajo la lógica de la emergencia, tiene que sostener ese estándar en sus decisiones”, señaló el académico chileno Víctor Beltrán. El especialista explicó que la catalogación de “emergencia” funcionó únicamente como una herramienta política de Kast para justificar medidas excepcionales, alejándose de un diagnóstico técnico real. "Si la seguridad era una prioridad, no puede tratarse como cualquier otro gasto", cuestionó.
Durante el mandato de Gabriel Boric (2022-2026) se incrementaron los recursos y las capacidades operativas del Estado frente a las bandas delictivas. Según los reportes oficiales de la Fiscalía Nacional, el año 2025 cerró con 1.091 víctimas de homicidios, 118 casos menos que en 2024, logrando reducir la tasa a 5,4 por cada 100.000 habitantes. Esto demostró que el sistema institucional reaccionó favorablemente, aunque persisten serios desafíos por el aumento de secuestros y extorsiones en distintas comunas.
Por su parte, Jorge Araya, experto de la Universidad de Santiago, alertó sobre los daños logísticos en el trabajo de campo. Faltarán recursos básicos para la compra de combustible, traslados y ejecución de diligencias investigativas, impactando la efectividad policial. “Es contradictorio darle prioridad a la seguridad y sacar recursos de las instituciones que hay que fortalecer”, puntualizó Araya. En los últimos días, diversas protestas se han registrado en las calles chilenas contra las decisiones económicas de Kast.
