La reciente excarcelación y salida inmediata de Venezuela del exministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, se convierte, según expertos, en una ‘pena de exilio’ de facto que, al ser contraria a la Constitución y estar abolida desde 1863, es una fórmula velada, puesto que no hay sentencia formal ni pronunciamiento por parte de las autoridades.

Rodríguez Torres fue liberado tras casi cinco años preso y se unió a una lista de otros seis venezolanos, considerados ‘presos políticos’, que lograron su libertad, pero fuera de las fronteras del país.

Tras su liberación el pasado 21 de enero, el exministro expresó su satisfacción por recuperar la libertad, pero se mostró contrariado por la obligación de salir de Venezuela y no poder vivir en su país, aunque no entró en detalles sobre cómo se acordó la operación.

“Es un momento que para mí es contradictorio, de mucha felicidad porque he salido en libertad después de cinco años en lo que llamé la caja gris, pero me dispongo a viajar fuera de mi tierra, dejar a mi Venezuela amada”, expresó.

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó que con este y otros casos anteriores se aplica “una condena al exilio”, aunque no exista una sentencia de un tribunal.

“Demuestran que en Venezuela existe la pena de exilio, independientemente de que los órganos judiciales la dicten o no, pero en la práctica se está aplicando, y eso viola los estándares internacionales porque se están aplicando penas que no existen en la normativa jurídica”, agregó.

La Constitución establece que ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio contra sus ciudadanos.

La “pena de exilio” se mantuvo en el siglo XIX, hasta que en 1863 el entonces presidente Juan Crisóstomo Falcón emitió el Decreto de Garantías en el que eliminaba, entre otras penas, la de destierro.

Rodríguez Torres, un general de las Fuerzas Armadas que fue jefe del servicio de Inteligencia, dirigió la respuesta policial del Gobierno a las protestas antigubernamentales de 2014 que se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos.

En 2018 fue arrestado por efectivos de Inteligencia y, desde entonces, sus abogados y familiares denunciaron malos tratos en prisión, así como la falta de atención médica que agravó sus condiciones de salud.

A juicio de Daniels, el caso es un resumen de “lo bueno y lo malo” de la justicia venezolana, porque hubo un “juicio donde no se sabe cuáles eran las pruebas en contra de él, era un juicio, evidentemente, arbitrario, pero al mismo tiempo demuestra la impunidad, porque esta persona es un represor”.

El abogado espera que, una vez que la Corte Penal Internacional (CPI) decida reanudar la investigación de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, el testimonio de Rodríguez Torres sea incluido.